La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Consejería Jurídica analizar si las medidas acordadas por Meta en Estados Unidos para proteger a adolescentes pueden ser retomadas en México, como parte de los trabajos que impulsa su gobierno para regular el uso de dispositivos electrónicos y redes sociales entre menores.
La petición surgió luego de que Meta acordara pagar alrededor de 18 mil millones de dólares para resolver las demandas presentadas por 29 fiscales generales estatales en Estados Unidos, quienes acusaron a la empresa de diseñar deliberadamente sus plataformas para generar conductas adictivas y afectar el bienestar de niños y adolescentes.
Durante su conferencia, Sheinbaum consideró relevante revisar el alcance de este acuerdo y pidió a la consejera jurídica, Ernestina Godoy, estudiar si la resolución estadounidense puede tener alguna aplicación o utilidad para el marco regulatorio mexicano.
El acuerdo contempla modificaciones importantes en Facebook e Instagram para usuarios de entre 13 y 17 años. Entre ellas se encuentra un límite acumulativo de dos horas diarias de uso, que únicamente podrá ser modificado por los padres, así como avisos periódicos para promover un uso más consciente de las plataformas.
Meta también acordó establecer de manera predeterminada un modo nocturno, que restringirá el acceso entre medianoche y las 6 de la mañana; además de un modo escolar para reducir las notificaciones durante las clases.
Otras medidas incluyen ocultar por defecto el número de “me gusta” y reacciones en publicaciones de adolescentes, restringir determinados filtros de maquillaje, permitir desactivar la reproducción automática y ofrecer una opción de navegación que no dependa de recomendaciones algorítmicas.
Los fiscales estatales habían acusado a Meta de utilizar funciones como el desplazamiento infinito, las recomendaciones personalizadas y las notificaciones frecuentes para mantener a los menores durante más tiempo en sus aplicaciones. También señalaron presuntas prácticas relacionadas con la recopilación de datos de menores de 13 años.
Aunque Meta negó las acusaciones y no admitió responsabilidad ni irregularidades como parte del acuerdo, la compañía aseguró que busca establecer un nuevo estándar de seguridad para adolescentes en sus plataformas.
Para el gobierno mexicano, el caso abre la posibilidad de revisar si algunas de estas medidas pueden incorporarse a las políticas nacionales de protección de menores frente al uso excesivo de redes sociales y dispositivos electrónicos.
El análisis de la Consejería Jurídica podría determinar si el acuerdo estadounidense puede servir como antecedente para impulsar nuevas disposiciones en México, particularmente en materia de límites de uso, controles parentales, horarios de acceso y protección de menores frente a mecanismos diseñados para prolongar su permanencia en las plataformas.
