A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno federal prepara un nuevo informe para las madres y padres de los normalistas, con el objetivo de actualizarles sobre las investigaciones y las acciones emprendidas para esclarecer el caso.
La Secretaría de Gobernación será la encargada de presentar a las familias información sobre la situación del expediente, así como las líneas de investigación que permanecen abiertas. Entre los asuntos que serán abordados se encuentra la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
El exmandatario es señalado dentro de las investigaciones por presuntamente haber contribuido al ocultamiento de información y evidencia relacionada con la desaparición de los estudiantes ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La intención del gobierno es que este encuentro ocurra antes del próximo 26 de septiembre, cuando se cumplirán 12 años de los hechos que marcaron uno de los casos de desaparición forzada con mayor impacto en la historia reciente del país.
La actualización a las familias ocurre en un contexto en el que el caso continúa sin una resolución definitiva sobre el paradero de los estudiantes. Por ello, uno de los principales objetivos será explicar qué avances concretos existen y cuáles son las rutas que mantienen abiertas las autoridades.
El informe también busca mantener comunicación directa con los familiares, quienes durante años han exigido que la investigación avance más allá de las primeras versiones oficiales y que se esclarezca el destino de los 43 jóvenes.
Con la llegada del aniversario, el gobierno pretende colocar nuevamente el caso en el centro de la agenda pública y ofrecer a las familias información sobre las diligencias que se mantienen activas.
La desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Desde entonces, distintas investigaciones han señalado la participación de autoridades y grupos criminales en los hechos.
A casi 12 años, la exigencia de las familias continúa siendo la misma: conocer el paradero de los estudiantes y llevar ante la justicia a todos los responsables.
