Si bien es un avance fundamental el reconocimiento constitucional de los pueblos, comunidades indigenas y afroamericanas, el desafío ahora es que esos derechos se consoliden en mejores condiciones de vida, pero principalmente en la participación política activa y decisiones públicas y mejores condiciones de igualdad para la mujer.
A esa reflexión general llegaron las participantes en el foro de reflexiones de Diálogo Intercultural y de Análisis Público sobre alcances de la reforma constitucional indígena y afromexicana, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) desarrollado en el ex reciento legislativo del estado.
Claudia Vargas Bautista, presidenta del IEPC Jalisco destacó que con esa reforma se fortalece derechos como la libre determinación y la autonomía, así como el reconocimiento de los sistemas normativos, lenguas, culturas y formas de organización.
Mas: “Una reforma adquiere verdadero sentido cuando se traduce en mejores condiciones de vida; con la participación efectiva, acceso a la justicia e igualdad sustantiva para las mujeres indígenas y afromexicanas”.
Sobre el reto de llevar estos derechos del texto constitucional a la práctica, Rita Bell López Vences, consejera electoral del INE hizo énfasis en que la reforma requiere escuchar a las comunidades, contar con recursos y asumir un compromiso institucional para implementarla.
López Bell, subrayó que en materia político-electoral, se debe evitar la simulación y la usurpación de los espacios destinados mediante acciones afirmativas a personas indígenas y afromexicanas. Destacó la necesidad de combatir la discriminación y el racismo que todavía limitan su participación.
En Jalisco, la nación wixárika es donde mayor impacto tendrá esta reforma, ante ese contexto, Dianna Guadalupe Montoya Eligio, directora de Pueblos Originarios del Gobierno de Guadalajara, planteo que el primer paso será armonizarla en lo local, que su aplicación debe considerar los sistemas normativos, tiempos y formas de organización de las comunidades.
Desde su experiencia como mujer wixárika, subrayó que no basta con acceder a espacios de representación, sino que deben existir condiciones para ejercerlos plenamente y acercar a las comunidades los mecanismos para atender la violencia política contra las mujeres.
Desde la experiencia jurisdiccional, Gloria Ángeles Cruz López, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca explicó que las mujeres indígenas han transitado de no poder participar en las asambleas comunitarias a conquistar espacios de representación y toma de decisiones.
Advirtió que llegar a un cargo no es suficiente si persisten obstáculos para ejercerlo, por lo que enfatizó: “Que realmente las mujeres lleguemos, pero no sólo lleguemos, sino que se nos garantice el ejercicio del cargo”.
