Al salir del aeropuerto, el viaje todavía no termina y la seguridad de los pasajeros sigue en juego. Por ello, se hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para frenar la captación de usuarios por vehículos irregulares o sin autorización verificable en las terminales aéreas de estas tres ciudades.
La preocupación se centra en quienes ofrecen traslados sin que el pasajero pueda comprobar con claridad quién conduce, si el vehículo cuenta con el seguro adecuado o qué autoridad supervisa el servicio. El problema, plantea la propuesta, no debe convertirse en una disputa entre taxis tradicionales y plataformas digitales, sino en una medida de protección para quienes utilizan el transporte aeroportuario.
De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el de Guadalajara y el de Monterrey atendieron en conjunto 79.2 millones de pasajeros durante 2025. La dimensión del flujo de viajeros coloca el ordenamiento del transporte terrestre como un asunto relevante para la seguridad de usuarios nacionales y extranjeros.
¿Cuáles son los riesgos?
La falta de información verificable puede complicar la identificación del conductor y del automóvil, la comprobación de los seguros y la atención ante una emergencia. También puede dificultar la reconstrucción del recorrido si ocurre un incidente.
Entre los riesgos preventivos señalados están los cobros abusivos, robos, agresiones, acoso y accidentes, sin que esto signifique que todos los servicios de una modalidad determinada estén relacionados con esos hechos.
La situación merece especial atención para mujeres que viajan solas, turistas que desconocen la ciudad, adultos mayores y familias con menores de edad, particularmente cuando llegan de noche o llevan equipaje.
La SICT informó el 11 de marzo de 2026 que Uber no contaba con autorización para prestar servicios dentro del polígono del AICM y otros aeropuertos. La dependencia también precisó que la suspensión judicial de determinados operativos no equivalía a una autorización para operar. En ese contexto, recomendó utilizar servicios autorizados en las terminales.
Piden padrón de vehículos y conductores autorizados
Ante este panorama, la propuesta plantea una estrategia coordinada entre el Gobierno federal, la SICT, la Agencia Federal de Aviación Civil, la Guardia Nacional, las administraciones aeroportuarias y las autoridades de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.
Entre las medidas solicitadas están publicar un padrón verificable de vehículos y conductores autorizados, establecer identificaciones visibles, comprobar la documentación y los seguros correspondientes, reforzar la vigilancia en las zonas de llegada y ascenso, y habilitar canales accesibles para denunciar irregularidades o solicitar ayuda.
También se propone colocar señalización en español e inglés para distinguir las zonas y modalidades de transporte autorizadas, además de garantizar mecanismos que permitan identificar al conductor, el vehículo y el servicio ante cualquier incidente.
El planteamiento sostiene que la seguridad aeroportuaria no debe limitarse al interior de las terminales: también debe contemplar el traslado terrestre de los pasajeros. El objetivo es que cualquier servicio que recoja usuarios en estos espacios cumpla con las disposiciones aplicables y ofrezca condiciones verificables de seguridad.
La demanda es clara: ordenar el transporte aeroportuario para que los pasajeros puedan identificar quién los lleva, en qué vehículo viajan y quién responde por el servicio.
