La administración de Donald Trump pondrá en marcha un arancel global del 10% a las importaciones a partir del próximo martes 24 de febrero, según lo anunciado oficialmente por la Casa Blanca. Esta nueva disposición, que tendrá una duración de 150 días, es una respuesta directa al reciente fallo de la Corte Suprema que invalidó aranceles previos impuestos por el mandatario republicano.
Sin embargo, el gobierno estadounidense aclaró que los productos amparados por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedarán exentos de esta nueva carga fiscal.
A través de un comunicado oficial, la Casa Blanca detalló que la proclamación presidencial establece un “arancel de importación ad valorem del 10% sobre los artículos importados a Estados Unidos” por un periodo de 150 días. La medida comenzará a regir a las 00:01 horas (tiempo del Este) de ese día.
La decisión de Trump se fundamenta en el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al Presidente para aplicar recargos y restricciones a las importaciones con el fin de solventar desafíos en la balanza de pagos. La Casa Blanca justificó la acción como necesaria para la “protección de la economía y los intereses nacionales de EU”, argumentando que busca detener la salida de capitales hacia el extranjero y fomentar el regreso de la producción a suelo estadounidense. “Al aumentar su producción nacional, Estados Unidos puede corregir su déficit en la balanza de pagos, al mismo tiempo que crea empleos bien remunerados y reduce los costes para los consumidores”, explicó el ejecutivo.
La Casa Blanca especificó en su escrito que ciertos productos no estarán sujetos a esta tarifa del 10%. En la lista de exenciones, el gobierno estadounidense destacó explícitamente a los “bienes de Canadá y México que cumplen con el T-MEC”, blindando así el comercio trilateral del acuerdo.
Además de los bienes del T-MEC, otros rubros quedarán fuera del arancel para no afectar el abastecimiento y las necesidades de la economía estadounidense. Entre ellos se encuentran:
- Minerales críticos y metales para acuñación.
- Recursos energéticos y energías.
- Fertilizantes y ciertos recursos naturales no producidos localmente.
- Productos agrícolas específicos como carne de res, tomates y naranjas.
- Farmacéuticos e insumos para la industria.
- Componentes electrónicos.
- Automóviles de pasajeros, camiones, autobuses y sus partes.
- Artículos aeroespaciales.
- Materiales informativos como libros, donaciones y equipaje acompañado.
La imposición de este nuevo arancel se produce horas después de que la Corte Suprema asestara un duro golpe a la política comercial de Trump. Ese mismo día, el máximo tribunal determinó que el presidente “excedió su autoridad” al decretar aranceles generalizados a casi todos sus socios comerciales. La decisión, respaldada por una amplia mayoría de seis votos contra tres, representa un desafío significativo a la agenda trumpista, que ha utilizado los aranceles como pilar de su estrategia económica.
La administración Trump había advertido que un fallo adverso podría forzarla a deshacer acuerdos comerciales y a realizar cuantiosos reembolsos a los importadores. Visiblemente molesto por la decisión, Trump ofreció una conferencia de prensa en la que arremetió contra los ministros de la Corte, calificándolos de “tontos y perros falderos” y acusándolos de ser “desleales” a la Constitución y “antipatriotas”.
El fallo de la Corte Suprema no solo invalida los aranceles previos, sino que abre la puerta a una posible devolución de los ingresos recaudados. Estimaciones de economistas del Penn-Wharton Budget Model, retomadas por Reuters, calculan que más de 175 mil millones de dólares en ingresos arancelarios podrían estar en riesgo de ser reembolsados.
Este escenario ya había sido anticipado por Trump, quien en enero pasado, a través de sus redes sociales, calificó una posible devolución como un “completo desastre” de “casi imposible de pagar para nuestro país”. La nueva medida arancelaria, que excluye a los socios del T-MEC, parece ser un intento de la Casa Blanca por retomar el control de su política comercial sin enfrentar, por ahora, las mismas consecuencias legales y financieras.
