Morena llevó ante las autoridades electorales de Yucatán una denuncia contra la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón, por presuntamente utilizar recursos públicos para promover su imagen personal mediante publicidad en redes sociales.
La queja fue presentada este jueves ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), a través de un procedimiento especial sancionador, e incluye señalamientos contra el Ayuntamiento de Mérida y el Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo con Bárbara Valentina Díaz Toledo, representante de Morena ante el Consejo General del Iepac, la promoción de la imagen de la presidenta municipal contravendría el artículo 134 constitucional, que establece límites al uso de recursos públicos y obliga a los servidores públicos a mantener la imparcialidad en la propaganda gubernamental.
Morena documenta 62 anuncios con la imagen de Cecilia Patrón
Entre las pruebas presentadas, Morena identificó 62 anuncios pagados en Facebook e Instagram, difundidos entre junio y octubre de 2026, en los que aparecen el nombre, la imagen y lemas personales de Cecilia Patrón.
El partido sostiene que parte de esta publicidad continuó circulando después del periodo legal establecido para promover informes de gobierno, que contempla siete días previos y cinco posteriores a su presentación.
Díaz Toledo recordó que la alcaldesa rindió su informe el pasado 28 de agosto y acusó que la publicidad continuó durante las semanas siguientes.
“La alcaldesa rindió su informe el 28 de agosto y la publicidad pagada con su imagen siguió semanas después. Con el dinero de todos se promovió a una persona”, señaló la representante morenista.
Además, cuestionó que mientras habitantes de Mérida reclaman atención a problemas como baches, alumbrado público y mantenimiento de parques, presuntamente se destinen recursos municipales a publicidad para posicionar la imagen de la alcaldesa.
Morena solicitó al Iepac investigar el origen del dinero utilizado para financiar los anuncios, determinar si existieron violaciones a la legislación electoral y aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.
El organismo electoral deberá analizar las pruebas y determinar si existen elementos para acreditar las presuntas irregularidades.
