El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa un momento delicado. Guadalupe Taddei, su consejera presidenta, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas aparecen en el centro de una investigación publicada por la politóloga Amanda Romano en Substack () que reúne audios, videos y documentos sobre un posible vínculo sentimental y una red de contratos millonarios.
Cómo indicios de esta relación, se muestran:
- Videos de celebraciones en un inmueble de El Pedregal, propiedad de Hernández Casillas, donde aparecen funcionarios del INE y se felicita por “la credencial de elector”.
- La licitación para producir la credencial para votar 2026-2031, por unos 1,153 millones de pesos, fue adjudicada a Cosmocolor, Icards Solutions y Talleres Gráficos de México. La investigación no ha probado un vínculo directo entre el empresario y ese grupo.
- Audios en los que Taddei y el empresario intercambian palabras amorosas.
- Una conversación donde Hernández Casillas parece indicarle a Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales del INE, cuándo notificar el fallo de la licitación a otra empresa.
La red de empresas
Hernández Casillas estaría vinculado a firmas como Cajas Graf, Tol Producciones y Corporativo Zeg, que habrían operado mediante prestanombres y acumulado contratos con órganos electorales por más de 1,892 millones de pesos. Destaca el caso de Jonathan Navarrete Torres, exchofer de la presidenta en nómina y apoderado legal de Corporativo Zeg.
Las preguntas pendientes:
¿Qué se celebraba en el video?, ¿la competencia entre empresas fue real o simulada?, ¿Litho Formas, descalificada del proceso, participó como candidatura genuina? La investigación no ha acreditado que la licitación estuviera arreglada, pero tampoco puede ignorar las coincidencias.
La UIF, la FGR, el SAT y la ASF han embargado cuentas y presentado querellas contra varias de estas empresas por lavado de dinero y facturación falsa. Que firmas bajo investigación hayan fabricado boletas, urnas y credenciales sin custodia certificada pone en riesgo la infraestructura electoral.
Lo que está en juego:
Taddei niega favoritismos, pero la evidencia documental muestra asignaciones directas y daños patrimoniales. La credibilidad del INE no puede sostenerse solo en discursos: se necesitan resoluciones definitivas del Órgano Interno de Control, la FGR, el SAT y la UIF para devolver certeza a la ciudadanía y proteger el arbitraje electoral de cara a 2027.
