Con el voto de los 12 los diputados de Movimiento Ciudadano y de Brenda Carrera del Partido Verde, el Congreso de Jalisco eliminó que se otorgue pensión universal a personas que viven con un algún discapacidad en la entidad.
Ayer en el pleno legislativo de Jalisco se sometió a votación que el Gobierno de Jalisco suscriba el convenio con la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México para que ponga la mitad de los recursos económicos de entrega de apoyo de tres mil 300 pesos bimestrales a toda persona que viva con algún discapacidad no importando su rango de edad, en cumplimiento con un decreto constitucional, al cual sea inscrito la mayoría de los estados de la República Mexicana.
Dicha iniciativa fue presentada por Leonardo Almaguer diputado del Partido del Trabajo, pero respaldada por las y los legisladores de Morena, y los partidos aliados locales de Futuro, Hagamos (hoy sin registro en la entidad) para su aprobación, pero fue desechada a no contar con la mayoría requerida de 26 votos a favor por tratarse de un reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Para otorgar ese derecho a una pensión universal para las personas con discapacidad el Estado de Jalisco requiere destinar cerca de dos mil millones de pesos de su presupuesto anual para cerca de 400 mil personas.
Presupuesto si hay, lo que le dan a las personas cuidadoras representa lo que pagaron para rentar una pantalla de futbol, pero ¿Saben qué? es que se parecen al presidente de la FIFA, que además está bien señalado por todas las corruptelas, andan trabajando lo mismo; votar en abstención es también votar en contra”, expuso el diputado del PT.
Previo a la sesión del pleno legislativo, colectivos de ciudadanos en Jalisco que viven con alguna discapacidad establecieron un foro en el patio central del edificio del Congreso del Estado para demandar al gobernador Pablo Lemus cumpla con ese decreto y otorgue el recurso para ese sector de la población, que tienen desde el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez desechando esa iniciativa.
Adelantaron que de seguir negando este derecho constitucional acudiremos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras instancias de derechos humanos internacionales para demandar ese apoyo que por ley nos corresponde.
