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El fantasma del conflicto de intereses ronda la elección de árbitro electoral en Nuevo León

Dice el dicho, con justa razón, que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas.

La inminente votación para designar al nuevo Secretario Ejecutivo del OPLE (hoy IEEPCNL) enciende todas las alarmas, al proponerse para el cargo a una figura cuya trayectoria profesional y personal se encuentra indisolublemente ligada a una de las principales aspirantes a la gubernatura para el proceso 2027.

El nombre en cuestión es Jesús Cantú Escalante, quien, según recientes señalamientos, es el coordinador de campaña de la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier. La cercanía entre ambos personajes no es un rumor reciente; es una relación pública de larga data que se remonta a los años 90 y se consolidó en el servicio público federal, donde Cantú se desempeñó como titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia bajo el mando directo de Clouthier en la Secretaría de Economía. Incluso se tiene registro de su participación como comentarista en la presentación del libro de la propia Clouthier, “Juntos hicimos historia”.

La cercanía con una figura con claras aspiraciones electorales para la gubernatura de Nuevo León coloca a Cantú como un personaje en entredicho. El cargo de Secretario Ejecutivo es la columna vertebral operativa del organismo electoral; su titular debe garantizar la certeza, imparcialidad y objetividad que exige la ley, principios que, según la propia legislación, tienen como finalidad “la salvaguarda del actuar de las autoridades electorales”. ¿Cómo puede garantizar la imparcialidad quien ha sido operador político de una contendiente? La simple percepción de un conflicto de intereses es suficiente para manchar la confianza en todo el proceso.

Este escenario resulta aún más grave si recordamos la historia electoral reciente en Nuevo León. Hace apenas unos meses, el Consejo General del IEEPCNL protagonizó un escándalo al rechazar, de manera insólita y sin argumentos sólidos, a una candidata de primer nivel para la misma Secretaría Ejecutiva, cediendo, según analistas, a presiones externas atribuidas al gobierno estatal. Aquel episodio dejó al descubierto la fragilidad del organismo y su vulnerabilidad a ser utilizado como tablero de intereses políticos. Ahora, el riesgo de que la designación se convierta en un nuevo acto de sumisión a los poderes fácticos es latente.

No se trata de cuestionar la capacidad profesional de Jesús Cantú, sino de evidenciar que el perfil que se pretende instalar en el corazón del árbitro electoral es todo, menos apolítico. La elección de Nuevo León es un importante termómetro de la democracia mexicana, y su organización no puede estar en manos de quien parece tener una “camiseta” puesta a favor de una candidata. Los partidos políticos y la ciudadanía deben exigir un proceso de selección transparente y un perfil que inspire absoluta confianza, que no tenga ataduras con los protagonistas de la contienda. Cualquier designación que ignore estos principios no solo será un error técnico, sino un golpe a la legitimidad democrática del estado.

Referencias: