En Jalisco cerca de 16 mil personas están desaparecidas, se trata de hijos, padres y madres un día salieron de casa y ya nunca más se supo de ellos, cuyas familias los buscan y exigen su aparición con vida. Está cantidad de víctimas de ese delito, ubica a la entidad con la mayor número de desaparecidos del país, una nación que busca a 133 mil mexicanas y mexicanos, de acuerdo a reportes de colectivos civiles de búsqueda y especialistas en la materia.
Este lunes en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, se realizó en el Congreso de Jalisco el foro “Verdad, Justicia y Memoria: por la Desaparición Forzada en Jalisco” encabezado por colectivos de búsqueda de personas, especialistas en la materia y Mariana Casillas legisladora por Tlajomulco de Zúñiga.
“Nos reunimos alrededor de ausencias que pesan. Ausencias fabricadas mediante violencia, encubierta por instituciones y prolongada cada vez que una autoridad se niega a buscar, investigar o entregar respuestas”, expresó la legisladora durante la apertura del foro en el Congreso del Estado.
El foro reunió a expertas y activistas que analizaron las estructuras que hacen posible la desaparición desde una perspectiva histórica y comparada, con especial atención en la dictadura de Pinochet en Chile, el franquismo en España y la realidad actual de México. En este marco, la diputada subrayó el papel fundamental de los colectivos de búsqueda:
“Cada registro corresponde a una vida arrancada de su casa, de sus afectos y de su historia. A su alrededor quedan familias obligadas a recorrer fiscalías, hospitales, cárceles, caminos, barrancas y fosas. Muchas madres aprendieron a leer expedientes, reconocer restos humanos y abrir la tierra porque el Estado abandonó su deber”, agregó Casillas.
Durante su intervención, la investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Carmen Chinas expuso cómo la desigualdad y la exclusión social agravan el fenómeno de la desaparición en Jalisco.
Señaló que la violencia estructural se manifiesta en la concentración de la población trabajadora en municipios como El Salto y Tlajomulco, donde la probabilidad de localizar a una persona sin vida triplica la media nacional.
“Cuando hablamos de Tlajomulco, la posibilidad de localizarle sin vida es del 25 por ciento. Es decir, en El Salto y en Tlajomulco, la posibilidad de localizar a alguien sin vida triplica la media nacional. O sea, la mayoría de personas que son localizadas sin vida se concentra en ciertos municipios y esos municipios están cruzados por la desigualdad, por la pobreza, por la exclusión”, explicó Chinas.
El portavoz del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, compartió la experiencia de las familias que, a pesar del dolor y el riesgo, continúan buscando a sus seres queridos. Denunció que la violencia que enfrentan proviene, en su mayoría, del propio Estado.
“Hay partes de Tlajomulco, donde desgraciadamente es imposible, hacer una pega de cédulas, sin las autoridades, y a pesar con las autoridades que dicen, a esta colonia no nos metemos, vamos buscando otros mecanismos para trabajar, entonces, qué hacer donde, en un lugar, en un país, en un Estado, en un municipio, donde la violencia no sólo se genera, por los que usualmente sabemos que son los generadores de violencia, sino que esta violencia también viene de la mano, de las autoridades”, denunció Flores.
Visibilizó el desgaste emocional que enfrentan las familias: “Con este duelo continuado, duelo continuado porque nunca se le puede poner un fin, y todos los días perdemos, todos los días se pierden estas oportunidades de estar con tu hijo, con tu ser querido, y son situaciones que nunca van a regresar, y no sabemos hasta cuándo vayan a terminar”.
