La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, explicó las diferencias de fondo entre la política social aplicada antes de la Cuarta Transformación y el modelo vigente, al señalar que los programas de gobiernos anteriores respondían a una lógica asistencial, mientras que hoy se trata de una política de derechos plenamente reconocidos en la Constitución.
Durante su exposición, Montiel recordó que programas como Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera, implementados en los periodos neoliberales, operaban bajo esquemas de focalización que, en los hechos, permitían la discrecionalidad política y electoral. En ese modelo, las personas eran consideradas beneficiarias y no sujetos de derecho, lo que limitaba su capacidad para exigir el cumplimiento de apoyos.
En contraste, subrayó que los programas de Bienestar impulsados a partir de 2018 establecen derechos constitucionales, lo que transforma la relación entre el Estado y la población. “Hoy no se trata de apoyos condicionados, sino de derechos que están en la Carta Magna”, afirmó.
Montiel destacó que uno de los cambios más relevantes es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas no sólo como sujetos de derecho, sino también como comunidades con derechos colectivos, a las que se les brinda atención prioritaria tras décadas de abandono.
Otro eje central del nuevo modelo es la universalidad. Las pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, así como las becas, avanzan hacia esquemas universales, a diferencia de la focalización del pasado. Además, se eliminó la entrega de apoyos en especie —como despensas o materiales— que, dijo, solían convertirse en negocios para funcionarios, y se fortaleció la inversión social directa.
La secretaria recordó que desde el 1 de diciembre de 2018 se terminaron los intermediarios. Ahora, las personas se registran directamente, reciben su Tarjeta del Bienestar y obtienen los recursos de forma bimestral, lo que garantiza transparencia y una relación directa entre el gobierno y el pueblo.
Como ejemplo emblemático, Montiel detalló la evolución de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, creada en 2001 cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Señaló que, pese a las críticas iniciales de la oposición, el programa se consolidó y, ya en 2018, se transformó en una pensión universal a nivel nacional, con el compromiso de duplicar su monto.
Indicó que mientras en 2018 la pensión era de alrededor de mil 600 pesos bimestrales, para diciembre de 2024 alcanzó los 6 mil 200 pesos. Además, la inversión social en este derecho ha crecido de forma sostenida durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, en contraste con los sexenios anteriores.
Finalmente, destacó la creación de la pensión para personas con discapacidad, un sector que antes no figuraba en la agenda pública, y recordó que el derecho a la rehabilitación también está reconocido constitucionalmente, como una vía para garantizar la autonomía y la inclusión plena.
