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SCJN cierra litigio y obliga a Grupo Salinas a pagar 51 mil millones de pesos al SAT

Tras agotarse todas las instancias legales, la Suprema Corte desechó las impugnaciones y confirmó adeudos fiscales por 51 mil millones de pesos. El SAT notificará el cobro en enero de 2026

Luego de la determinación definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Grupo Salinas deberá pagar 51 mil millones de pesos en adeudos fiscales, al haberse agotado todas las instancias de impugnación, subrayó el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino.

Durante su explicación en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el titular del SAT detalló que los adeudos corresponden al Impuesto sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales de 2008 a 2013, derivados del uso improcedente de pérdidas fiscales. Dichos créditos fueron determinados por la autoridad fiscal entre 2013 y 2018.

Martínez Dagnino recordó que las resoluciones del SAT fueron impugnadas primero ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que entre 2019 y 2023 confirmó la procedencia de los adeudos. Posteriormente, los recursos promovidos ante el Poder Judicial de la Federación fueron rechazados por tribunales colegiados en 2024 y 2025.

Finalmente, el pasado 13 de noviembre, la SCJN desechó las impugnaciones presentadas por la empresa, con lo que quedó firme la obligación de pago. Con esta resolución, explicó el funcionario, la autoridad fiscal está legalmente obligada a continuar con el procedimiento de cobro.

El SAT notificará el requerimiento de pago en enero de 2026, momento a partir del cual iniciará el plazo para el pago voluntario. Conforme al Código Fiscal de la Federación, el contribuyente podrá solicitar esquemas de pago o reducciones, de hasta 39%, siempre que se ajusten a la ley y a las sentencias emitidas.

El director del SAT enfatizó que este caso es de carácter legal, jurídico y administrativo, y reiteró que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece la obligación de todas y todos los contribuyentes de aportar al gasto público de manera proporcional y equitativa.

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