Internacional

El mar se cierra para Venezuela: sanciones, radares y cargueros en retirada

La intensificación de la vigilancia naval reduce el tráfico petrolero irregular y agrava la fragilidad financiera del gobierno de Nicolás Maduro

El decomiso del petrolero Skipper no fue un episodio aislado ni un simple acto de aplicación de sanciones. Fue el punto de quiebre de una estrategia que ahora se libra en aguas internacionales y que apunta a estrangular el sistema paralelo con el que Venezuela ha logrado sobrevivir al castigo económico internacional.

Desde hace años, el chavismo perfeccionó un modelo de exportación petrolera clandestina basado en flotas “fantasma”, trasiegos en altamar y cargueros que navegan sin señalización. Ese engranaje —que también utilizan Rusia e Irán— permitió a Caracas sostener ingresos incluso bajo sanciones severas. Hoy, Washington busca desmantelarlo pieza por pieza.

La presencia de destructores, buques misilísticos y aeronaves estadounidenses a pocas millas de la costa venezolana ha alterado el tráfico marítimo en el Caribe. Petroleros sancionados comenzaron a retroceder, otros apagan radares y algunos simplemente desaparecen del mapa marítimo. La vigilancia constante ha reducido la llegada de “tanqueros oscuros”, un termómetro clave del comercio petrolero ilegal.

El impacto económico es inmediato. Venezuela depende casi exclusivamente del crudo para obtener divisas y contener la inflación. La intercepción sistemática de cargueros amenaza con cortar el flujo de caja no solo de Caracas, sino también de aliados altamente dependientes, como Cuba. La advertencia de un “bloqueo total” anunciada por Donald Trump eleva el riesgo para navieras, aseguradoras y compradores.

Aun así, el régimen no parte de cero. Entre 2019 y 2023, las sanciones ya obligaron a vender petróleo con descuentos de hasta 35%, usar intermediarios opacos y aceptar pagos no convencionales. Ese esquema derivó en uno de los mayores escándalos de corrupción del país, el caso PDVSA Cripto, que reveló pérdidas superiores a los 23 mil millones de dólares y provocó una purga interna sin precedentes.

En los últimos dos años, la producción venezolana había mostrado una leve recuperación, impulsada por licencias petroleras otorgadas durante la administración Biden. Pero el nuevo escenario es distinto: precios internacionales a la baja, sanciones reactivadas y compradores asiáticos exigiendo mayores rebajas ante el riesgo geopolítico. China, principal destino del crudo venezolano, concentra hoy hasta el 90% de las exportaciones, aumentando la dependencia y reduciendo el margen de maniobra.

Mientras Washington refuerza su presencia militar y endurece el discurso, el chavismo responde con retórica política. Acusa a Estados Unidos de “piratería internacional” y presenta la incautación del Skipper como un intento de apropiación de recursos. En público, Maduro minimiza el golpe; en privado, el cerco marítimo amenaza el corazón financiero de su gobierno.

Lo que está en juego ya no es solo un petrolero, sino la supervivencia de un modelo económico que flota —literalmente— sobre rutas clandestinas cada vez más vigiladas.