En pleno proceso de análisis en lo particular de la nueva Ley de Aguas, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, detalló los alcances reales de la reforma y aseguró que su propósito central es “garantizar una distribución equitativa y justa del agua entre los municipios”, además de poner fin a prácticas de mercantilización que por décadas afectaron a comunidades y productores.
Morales destacó que la legislación frena el acaparamiento y el mercado ilegal, práctica que —dijo— había permitido abusos y desigualdad en el acceso al recurso. Subrayó que esta ley no busca criminalizar a quienes usan agua para actividades productivas, pero sí sancionar el acopio masivo con fines de lucro o control político.
“La Ley no va contra los productores, va contra quienes concentran el agua y la usan como una herramienta de poder”, señaló, mencionando como ejemplo el caso de la presa construida durante el gobierno de César Duarte.
Puntos clave aclarados por Conagua
- Fin a la mercantilización del agua: la reforma impide que el recurso sea usado como mercancía y combate el mercado ilegal.
- Derechos para ejidatarios:
- Podrán heredar terrenos con sus títulos de concesión.
- Se permitirá vender propiedades que incluyan estos títulos.
- No habrá sanciones por captar agua de lluvia.
- La ley permitirá rentar terrenos cuando no haya cultivo, sin riesgo de perder concesiones.
- No criminaliza la actividad agrícola:
- Transportar agua en pipa para riego no será motivo de sanción.
- Sí habrá penalización cuando el agua transportada se use para vender de manera irregular.
- Conagua no retirará títulos de concesión a quienes cumplan con la ley.
Morales concluyó que la reforma busca ofrecer certeza jurídica, proteger a las comunidades rurales y asegurar que el agua llegue a quienes realmente la necesitan, sin intermediarios ni intereses comerciales.
