El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en la conferencia matutina que el gabinete de seguridad, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, desmanteló una red de lavado de dinero vinculada con casinos físicos y digitales que operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con Harfuch, se detectaron 13 establecimientos de juegos y sorteos que realizaban operaciones irregulares, con vínculos financieros transnacionales, evasión fiscal y transferencias millonarias a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin justificación de origen.
“Este sector, por su uso intensivo de efectivo y transacciones digitales, representa riesgos relevantes de lavado de dinero. Gracias al análisis financiero conjunto pudimos identificar patrones de riesgo y estructuras complejas que afectaban la integridad del sistema financiero”, explicó.
Entre los patrones de operación ilícita, se detectaron:
- Casinos con simulación fiscal, que dispersaban recursos entre filiales o declaraban en ceros.
- Flujos internacionales con transferencias a cuentas extranjeras sin sustento.
- Plataformas tecnológicas no reguladas, con operaciones dirigidas a Malta y Emiratos Árabes Unidos.
La Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo de Griselda Galeano García, detalló que los casinos utilizaban personas físicas engañadas o con identidad robada, principalmente jóvenes, trabajadores o jubilados, para mover dinero ilícito.
“Se usaban sus datos para recibir tarjetas prepagadas con dinero de origen desconocido, que luego se apostaba en casinos físicos o digitales. El supuesto ‘premio’ se transfería al extranjero, donde el dinero era blanqueado antes de regresar al país como ganancias legales”, explicó Galeano.
Este mecanismo se repitió cientos de veces, generando un sistema automatizado para burlar la ley, en el que muchas víctimas ni siquiera sabían que participaban en actividades ilícitas.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este tipo de investigaciones son clave dentro de la estrategia nacional de seguridad, que busca no sólo perseguir delitos, sino también “seguir el dinero” de la delincuencia organizada.
“Decidimos desde el inicio de este gobierno fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera y coordinarla con el gabinete de seguridad y el sistema nacional de inteligencia. Se trata de evitar que el flujo de dinero fortalezca a los grupos criminales”, subrayó.
Sheinbaum añadió que el trabajo cuenta con colaboración internacional, incluyendo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y organismos de inteligencia financiera de otros países.
Con estos hallazgos, el gobierno federal dio vista a la Fiscalía General de la República por posibles delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de impulsar nuevos mecanismos de prevención y monitoreo anticipado dentro del sistema financiero.
