Arturo Zaldívar, ministro en retiro y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, aseguró que las recientes reformas a la Ley de Amparo no restringen el acceso a la justicia ni los derechos de la ciudadanía, como se ha afirmado en distintos medios y foros.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Zaldívar calificó como “una campaña de desinformación” las versiones que presentan los cambios legales como regresivos. “Es absolutamente falso que las reformas limiten la defensa de las personas. El juicio de amparo sigue siendo la institución jurídica más importante para proteger los derechos humanos en México”, afirmó.
Explicó que el objetivo central de la reforma es modernizar el juicio de amparo, agilizar su tramitación y fortalecer la justicia digital. Con ello, se busca “una justicia más cercana, accesible y eficiente” tanto para la ciudadanía como para el Poder Judicial de la Federación.
El ministro en retiro detalló que los cambios responden a la necesidad de evitar abusos en el uso del amparo, particularmente en casos relacionados con el lavado de dinero y la evasión fiscal. En este sentido, subrayó que “no se puede permitir que una institución tan noble sea utilizada por delincuentes para obstaculizar la acción del Estado”.
Sin limitaciones a derechos
Sobre las críticas al supuesto fin del “interés legítimo”, Zaldívar aclaró que este concepto no se elimina ni se restringe. “El interés legítimo sigue plenamente vigente; solo se precisaron sus elementos esenciales para mayor claridad”, señaló.
También explicó que las modificaciones a la figura de la suspensión en los juicios de amparo son mínimas y buscan impedir su uso indebido. En particular, mencionó dos casos: impedir que el amparo se utilice para desbloquear cuentas ligadas a operaciones de lavado de dinero y evitar que se otorguen suspensiones que sustituyan licencias o permisos federales.
“Las personas que acrediten el origen lícito de sus recursos podrán acceder a la suspensión y al llamado ‘mínimo vital’, que les permite cubrir salarios, impuestos o pensiones alimenticias”, explicó.
Créditos fiscales y combate a la evasión
Otro punto relevante de la reforma es el tratamiento de los créditos fiscales firmes. Según Zaldívar, la medida busca reducir la duración excesiva de los procesos de cobro y evitar que deudores fiscales evadan sus obligaciones durante años.
“Las empresas y personas podrán defenderse, pero una vez que el crédito sea firme, no podrán interponer nuevos recursos para alargar el procedimiento. Al final del proceso podrán hacer valer sus derechos”, puntualizó.
Zaldívar desmintió que la reforma tenga efectos retroactivos, como algunos críticos han afirmado. “Ninguna etapa procesal anterior será modificada. Los juicios de amparo en trámite continuarán bajo las reglas vigentes al momento de su inicio”, aseguró.
Finalmente, el exministro acusó que muchos de los cuestionamientos provienen de actores con intereses particulares. “Quienes critican esta reforma lo hacen por razones políticas o económicas: abogados de grandes deudores fiscales, jueces inconformes o voceros del viejo régimen”, declaró.
