Un tribunal del condado de El Paso, Texas, resolvió a favor del exgobernador de Chihuahua César Duarte al desestimar la demanda por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito presentada en su contra por el también exmandatario Javier Corral. El fallo judicial, emitido el pasado 16 de junio pero notificado formalmente este jueves, determinó que Corral deberá cubrir los daños y costos legales generados al no presentar pruebas suficientes que respaldaran sus acusaciones.
El juez aceptó la moción de “no pruebas” presentada por la defensa de Duarte en un proceso de juicio sumario, archivando así la denuncia que buscaba demostrar el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador a través de la adquisición de 50 propiedades en Estados Unidos valuadas en 25 millones de dólares. En la resolución se destacó que el gobierno actual de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, no proporcionó los documentos requeridos como evidencia durante el proceso legal.
Este fallo representa un revés para la denominada “Operación Justicia para Chihuahua”, iniciativa impulsada durante la administración de Corral para investigar presuntos actos de corrupción de su antecesor. Por otro lado, fortalece la postura de Duarte, quien desde el inicio calificó el caso como una persecución política y no descarta emprender acciones legales por daño moral.
El caso ocurre en paralelo a las investigaciones que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas en México contra Duarte por el presunto desvío de 3,800 millones de pesos durante su gestión. Mientras las autoridades judiciales estadounidenses cerraron este capítulo, el escenario legal en territorio mexicano sigue siendo un frente abierto que mantiene viva la controversia política en Chihuahua.
La resolución del tribunal texano evidencia las complejidades de los procesos legales transfronterizos y su uso en contextos de disputas políticas locales, donde los sistemas judiciales de ambos países pueden generar fallos contradictorios sobre los mismos hechos.
