En un paso decisivo hacia la transformación digital del país, José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dio a conocer los principales cambios en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, construida a partir de amplios conversatorios con expertos y sectores involucrados.
Uno de los ejes centrales es el acceso universal a internet, con el Estado participando como proveedor del servicio, compitiendo en igualdad de condiciones con empresas privadas cuando se trate de servicios comerciales, y con acceso gratuito y preferencial a espectro para brindar conectividad en oficinas públicas y espacios comunitarios.
También se anunció la creación de un nuevo órgano regulador, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, conformado por cinco comisionados designados por la Presidencia y ratificados por el Senado.
Esta instancia se encargará de temas como el espectro, concesiones y autorizaciones, mientras que la Comisión Nacional Antimonopolio, sectorizada a la Secretaría de Economía, se enfocará en competencia económica y regulación asimétrica.
La ley incorpora una política de espectro inclusiva, que facilita el acceso a redes sociales comunitarias, indígenas y afromexicanas. Estas podrán utilizar hasta el 3% de su tiempo para publicidad y patrocinios locales, recibir hasta el 10% del presupuesto de comunicación social, y acceder a frecuencias disponibles fuera del espectro saturado.
En materia de derechos digitales, se reinstaura el derecho de audiencias, con códigos de ética y defensores del público en medios, para distinguir entre información y opinión en los espacios noticiosos. También se refuerzan los derechos de los usuarios, como el desbloqueo de equipos, recargas de saldo en cualquier punto de venta y llamadas gratuitas a servicios de emergencia.
La iniciativa contempla funciones de accesibilidad digital con dispositivos y plataformas compatibles con tecnologías para personas con discapacidad, así como una perspectiva de género para garantizar el acceso equitativo de niñas y mujeres al internet.
Otras medidas destacadas incluyen el soterramiento de cables para ordenar el espacio urbano, simplificación de trámites para desplegar infraestructura, licencias accesibles para radioaficionados, uso temporal del espectro para investigación y educación, y acciones para proteger los recursos orbitales del país frente a la basura espacial.
“Esta ley busca que los más de 16 millones de personas sin internet en México tengan acceso a este derecho fundamental, sin debilitar la competencia ni frenar la inversión”, enfatizó Merino, asegurando que se trata de una reforma inclusiva, moderna y centrada en la ciudadanía.
