Un tribunal administrativo resolvió de manera unánime que Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, debe liquidar aproximadamente 2,000 millones de pesos en impuestos no pagados desde 2012. Sin embargo, la compañía aún podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la decisión.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que la empresa está obligada a cubrir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a ese año. El fallo se produjo después de un largo proceso legal de cinco años, durante los cuales Elektra presentó múltiples recursos para evitar el pago exigido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Antes de la resolución, los abogados de la compañía intentaron detener el proceso, argumentando falta de imparcialidad por parte de los magistrados. No obstante, el tribunal rechazó sus pretensiones.
Elektra intentó deducir una compra ficticia
La magistrada Ana María Ibarra, ponente del caso, explicó que Elektra adquirió en 2009 la empresa Beta, pero la vendió en 2012 en una operación que buscaba reducir su carga fiscal. Sin embargo, el tribunal consideró que Beta nunca operó ni generó ingresos, por lo que no podía usarse como justificación para la deducción.
“Es una empresa hueca, sin actividad real. Permitir esta deducción sería avalar una reducción artificial de impuestos, afectando los ingresos públicos”, señaló Ibarra al fundamentar la negativa del amparo.
Deuda creciente y más litigios pendientes
La deuda original era de 1,603 millones de pesos, pero aumentó debido a intereses y recargos durante el litigio. Además, Elektra enfrenta otros ocho juicios fiscales por un monto preliminar de 29,805 millones de pesos, sin incluir actualizaciones ni multas.
Pese a esto, la compañía asegura que estos procesos no tendrán un impacto financiero significativo, excepto en el ámbito fiscal. Cabe destacar que en 2024, Elektra registró pérdidas por 11,153 millones de pesos, una cifra considerable frente a lo reclamado por el SAT.
El fallo podría ser llevado ante la SCJN, donde Elektra ha recurrido en casos anteriores para revertir resoluciones adversas.
