Tras una determinación del poder judicial, Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá reintegrar el pago de la pensión post-mortem a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad. La decisión del juez de distrito especifica que las pensiones de Pemex no pueden cambiar su naturaleza de ‘Jurídica’ a ‘administrativa’, descartando así cualquier subrogación por parte de un organismo público de seguridad social.
El juez se declaró incompetente para seguir conociendo la demanda de garantías, ordenando remitir el expediente a un juzgado en materia administrativa. La parte afectada expresó que se han señalado datos falsos, lo cual fue considerado verídico por la resolución judicial.
María Amparo Casar, por su parte, afirmó que nunca recibió una notificación oficial de Pemex sobre la suspensión del pago de su pensión. Como resultado, se concedió una suspensión del plano para reintegrar el pago de la pensión en un plazo de 24 horas.
Sin embargo, esta acción está condicionada a la ausencia de un ordenamiento jurisdiccional o administrativo que respetara su derecho de defensa. En caso de existir tal ordenamiento, se deberá verificar ante la autoridad responsable bajo su responsabilidad y siguiendo las medidas establecidas.
