La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el Gobierno de México ha identificado intereses económicos detrás de algunas caravanas migrantes que recorren el país, luego de que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, señalara que los cárteles tienen influencia en estas movilizaciones.
Durante la conferencia matutina de este jueves 19 de noviembre, la funcionaria explicó que, si bien se han detectado estructuras de organización detrás de los contingentes, algunas relacionadas con propietarios de líneas de autobuses, no cuenta con información suficiente para confirmar que se trate directamente de operaciones del crimen organizado.
“La organización, más que del crimen organizado en sí, que no tengo en este momento los datos, lo que sí vemos es un negocio que evidentemente es un delito, pero que nosotros lo vemos a veces con otro tipo de fachada”, señaló.
Rodríguez sostuvo que las autoridades mexicanas mantienen vigilancia sobre estas actividades y que se actuará contra quienes sean identificados como responsables de delitos relacionados con el tráfico de personas.
En respuesta a los señalamientos del funcionario estadounidense, subrayó que la política migratoria de México está enfocada en atender a las personas en contexto de movilidad con respeto a sus derechos humanos y sin recurrir a la violencia.
Asimismo, reiteró que la cooperación con Estados Unidos se mantiene bajo un esquema de responsabilidad compartida y sin subordinación, al tiempo que defendió la actuación de las autoridades mexicanas frente al fenómeno migratorio.
Las declaraciones se producen después de que Mullin advirtiera que los migrantes que se integren a las caravanas podrían ser víctimas de extorsiones por parte de cárteles y aseguró que no se permitirá su ingreso a territorio estadounidense.
Un día antes, Rosa Icela Rodríguez informó que, durante los últimos años, México ha atendido 24 caravanas migrantes, ninguna de las cuales ha llegado a la frontera norte. También reportó que un grupo de 781 personas, principalmente de Honduras y El Salvador, permanecía en Mapastepec, Chiapas, donde personal del Instituto Nacional de Migración realizaba labores de atención y diálogo.

















