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¿Justicia o condena sin pruebas? El caso de Julio Orellana llega a un juez de la Reforma Judicial

Julio Orellana lleva casi 19 años en prisión por un secuestro. Su defensa sostiene que no existe una prueba válida que lo vincule con el delito y ahora un juez electo deberá decidir el futuro de un expediente marcado por reconocimientos anulados, presuntas torturas y contradicciones

Foto: Diseño editorial digital

Una descripción física, una fotografía que contradice esa descripción y casi dos décadas tras las rejas. El caso de Julio Orellana Luévanos vuelve a poner en el centro de la discusión a la justicia mexicana, pero esta vez la decisión está en manos de un juez que llegó al cargo mediante el voto popular y cuyo fallo podría convertirse en una prueba de lo que realmente representa la Reforma Judicial.

Orellana fue detenido el 16 de abril de 2008. Desde entonces permanece preso, acusado de participar en un secuestro ocurrido en 2003 en Valle de Chalco, Estado de México. Sin embargo, de acuerdo con un reportaje de Amir Ibrahim basado en la revisión del expediente, las pruebas que sostienen la acusación presentan inconsistencias que han puesto en duda su responsabilidad.

El caso tiene una historia que resulta difícil de ignorar: fue detenido por otro secuestro, del cual posteriormente quedó libre, y su nombre apareció en la investigación del delito por el que continúa encarcelado más de un año después de su captura.

El principal señalamiento contra Julio Orellana se sostiene en una descripción física realizada por la víctima en septiembre de 2003. En ella se describió al presunto jefe de los secuestradores como un hombre de complexión robusta, piel morena, voz ronca y rostro redondo, entre otras características, pero se especificó que no tenía bigote.

La contradicción, de acuerdo con la revisión del expediente citada en el reportaje, aparece al comparar esa descripción con una fotografía de Orellana tomada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) el 17 de abril de 2008: en la imagen tiene bigote y un lunar visible en la mejilla derecha, características que tampoco habrían sido mencionadas en la descripción original.

La fotografía corresponde a la foja 7089 del tomo X, documento que habría sido utilizado por el juzgador para respaldar la coincidencia física entre el acusado y el hombre descrito por la víctima, pese a que el reconocimiento fotográfico del que provino esa imagen fue anulado por un tribunal federal.

El reportaje también señala que la sentencia retomó esa fotografía en distintas ocasiones, aun cuando el propio documento judicial estableció que no debía considerar el reconocimiento fotográfico realizado en abril de 2009.

Señalamientos de tortura

Otro de los puntos que rodean el caso son las condiciones en las que Orellana fue detenido. Un dictamen médico de la PGR, realizado un día después de su captura, documentó 19 lesiones en el pecho, golpes detrás de ambas orejas y una lesión severa en el ojo izquierdo, que presentaba inflamación y una coloración violácea.

El documento también registró afectaciones en los oídos que requirieron valoraciones adicionales. Posteriormente, Orellana denunció que había sido torturado para obligarlo a firmar una declaración ministerial.

En 2019, un dictamen elaborado conforme al Protocolo de Estambul documentó otras afectaciones físicas, entre ellas una cicatriz en el tímpano derecho. No obstante, la investigación penal por los presuntos actos de tortura fue cerrada en diciembre de 2021 sin que se acusara a algún responsable.

Además, el reconocimiento fotográfico realizado en 2009 fue invalidado mediante un amparo, debido a que se llevó a cabo sin la presencia de su defensa. La declaración ministerial de 2008 también quedó excluida del proceso por los posibles actos de tortura.

En febrero de 2024, después de permanecer 15 años y 10 meses sin recibir sentencia, Julio Orellana fue condenado a 20 años de prisión. Sin embargo, en abril de 2025 un tribunal de apelación revocó esa resolución y ordenó reponer el procedimiento.

La decisión también estableció que el secuestro debía juzgarse bajo la legislación del Estado de México, al tratarse de un delito del fuero común, y no con el código federal que se había aplicado en el proceso.

El expediente regresó a primera instancia y ahora se encuentra ante Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien fue elegido mediante voto popular en la elección judicial de 2025.

La defensa ha solicitado que se examine directamente la fotografía de la foja 7089, que se incorporen documentos relacionados con el proceso por el que Orellana fue detenido originalmente y que se revise la posibilidad de terminar con la prisión preventiva que ha enfrentado durante casi 19 años.

El caso que pone a prueba la nueva justicia

La decisión que deberá tomar el juez Cruz Flores no se limita a determinar la responsabilidad de un hombre acusado de secuestro. También coloca bajo escrutinio la capacidad del nuevo Poder Judicial para revisar expedientes en los que existen cuestionamientos sobre las pruebas, actuaciones anuladas y años de prisión sin una resolución definitiva.

El caso ha sido planteado en cuatro ocasiones en las conferencias presidenciales, desde octubre de 2023, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hasta agosto de 2025, ya con Claudia Sheinbaum, quien prometió retomarlo.

Julio Orellana continúa internado en el penal federal del Altiplano. Tiene 76 años y, según el reportaje, acumula 6 mil 788 días privado de la libertad.

La pregunta que sigue pendiente es si, después de casi dos décadas, el expediente finalmente podrá sostener una acusación con pruebas válidas o si la justicia volverá a condenar a un hombre cuya defensa insiste en que nunca fue identificado legalmente como participante del secuestro.

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