La investigación por presuntas irregularidades en la asignación de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) escaló al terreno financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 40 personas, entre ellas 25 físicas y 15 empresas, luego de detectar operaciones consideradas de riesgo y posibles vínculos con proveedores de materiales electorales.
Entre las personas incluidas en la medida se encuentra Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre, en medio de los señalamientos sobre posibles conflictos de interés y relaciones entre personas de su entorno y empresas contratadas por el organismo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, como resultado de los análisis financieros, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades.
La dependencia precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter administrativo, preventivo y precautorio. Por tanto, el bloqueo de cuentas no significa que las personas involucradas hayan sido declaradas culpables ni constituye una resolución definitiva sobre su responsabilidad.
Contratos millonarios bajo investigación
Uno de los focos de la investigación está puesto en las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, proveedores de materiales electorales.
En enero de 2025, el INE otorgó contratos por cerca de 200 millones de pesos para la adquisición de materiales destinados a la elección judicial. Las adjudicaciones beneficiaron a empresas vinculadas con este grupo empresarial, después de que una licitación pública fuera declarada desierta.
Los señalamientos también alcanzan a organismos electorales estatales. Una revisión de contrataciones identificó una presunta red de cinco empresas que habría obtenido contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos en 27 organismos públicos locales electorales entre 2014 y 2025.
Sin embargo, las investigaciones no se limitan a contratos asignados durante la gestión de Taddei. Empresas vinculadas con los proveedores señalados también recibieron adjudicaciones en administraciones anteriores del INE.
ASF amplía la revisión a las compras electorales
El caso también llegó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que informó sobre tres líneas de trabajo: una investigación de oficio por posibles irregularidades en contrataciones del INE, el antiguo IFE y los organismos electorales locales; un análisis histórico de adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, y una auditoría integral al gasto del instituto y de los organismos locales.
La revisión busca identificar posibles patrones de concentración de proveedores, conflictos de interés y prácticas irregulares en la asignación de contratos.
INE tiene cinco funcionarios formalmente imputados
Por su parte, el Órgano Interno de Control del INE informó que mantiene 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades durante la gestión de Taddei.
De ese total, 13 continúan en investigación y cinco ya avanzaron a procedimientos de responsabilidad administrativa, con citatorios para las audiencias iniciales. Entre las posibles conductas se encuentran conflictos de interés, desvío de recursos y simulación de competencia en contrataciones.
A la crisis institucional se suma la salida de 30 funcionarios vinculados con la administración de Taddei, entre ellos personal de su oficina y titulares de áreas directivas, de acuerdo con reportes del 3 de noviembre.
La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, también anunció que las consejerías trabajan en una denuncia ante la FGR para que se investiguen los hechos y se deslinden responsabilidades.
El caso abre una revisión sobre la contratación de proveedores electorales que operaron durante varios años y en distintas administraciones. Ahora corresponderá a las autoridades financieras, fiscalizadoras y ministeriales determinar si existieron delitos, responsabilidades administrativas o afectaciones a los recursos públicos.
