La posibilidad de que una persona con doble nacionalidad llegue a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México podría quedar fuera de la Constitución, luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobara la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El dictamen avanzó con 26 votos a favor y cinco en contra. Morena, PT y PVEM respaldaron la propuesta, mientras que legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra.
La discusión abrió un nuevo frente entre Morena y la oposición, que cuestionó que una característica como la doble nacionalidad pueda convertirse en un impedimento para ejercer derechos políticos.
Antes de comenzar el debate, el diputado panista Federico Döring intentó modificar el orden del día para abrir un parlamento abierto y escuchar a mexicanos que viven fuera del país. La solicitud fue rechazada.
Döring advirtió que la medida podría afectar a millones de mexicanos residentes en el extranjero que cuentan con una segunda nacionalidad.
Durante la discusión, la diputada de Movimiento Ciudadano Irías Virginia Reyes de la Torre señaló que la doble nacionalidad puede adquirirse desde el nacimiento, por las circunstancias en las que una persona nació o por la nacionalidad de sus padres, sin que ello implique una menor pertenencia a México.
La oposición también acusó que la reforma podría traducirse en una restricción de derechos políticos. El priista César Alejandro Domínguez sostuvo que la soberanía nacional no debe utilizarse como argumento para excluir de la vida pública a ciudadanos por tener vínculos jurídicos con otro país.
En el PAN, Noemí Luna Ayala puso el foco en otro problema: la posible penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las elecciones. La legisladora cuestionó que el Congreso centre el debate en la doble nacionalidad mientras persisten riesgos relacionados con la seguridad de los procesos electorales.
Morena defendió la propuesta. La diputada Katia Castillo argumentó que quienes ocupen los máximos cargos ejecutivos del país deben responder exclusivamente a los intereses de México y evitar cualquier posible conflicto derivado de una segunda nacionalidad.
Con la aprobación en comisión, la reforma todavía no entra en vigor. El dictamen deberá avanzar en el proceso legislativo y ser discutido y votado por el pleno antes de que pueda convertirse en una modificación constitucional.
