La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegó a un Poder Judicial con asuntos pendientes y, de acuerdo con su ministro presidente, también con un sistema de información que presentaba importantes deficiencias.
Durante su primer Informe de Labores, Hugo Aguilar Ortiz evitó calificar sus señalamientos como una acusación contra la anterior Corte, pero sí expuso lo que describió como un “hallazgo documentado”: los datos estadísticos del máximo tribunal se recopilaban de manera manual y cada área mantenía sus propios registros.
El problema, explicó, era la ausencia de un sistema único que permitiera concentrar y controlar la información, con el consecuente riesgo de errores.
En contraste, Aguilar destacó los resultados del primer año de la nueva integración. La Corte recibió 15 mil 51 nuevos asuntos, además de los pendientes heredados, y logró resolver 13 mil 231: 2 mil 640 mediante el Pleno y 10 mil 591 por acuerdos.
Esto representa un avance de 88 por ciento en los asuntos atendidos durante el periodo.
El ministro presidente sostuvo que, sin los casos que recibió de la anterior integración, la relación entre asuntos ingresados y resueltos habría alcanzado un equilibrio.
No hay rezago, no hay ineficiencia, hay cambio real y verdadero”, afirmó.
Pero el mensaje de Aguilar no se limitó a los expedientes. También presentó una Corte que, aseguró, busca modificar prácticas administrativas y reducir gastos.
De cara al presupuesto de 2027, adelantó que el máximo tribunal mantendrá una política de austeridad y destacó la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y del seguro de separación individual, además de otros beneficios que calificó como privilegios históricos.
El informe corresponde al primer año de la nueva integración del Poder Judicial de la Federación, derivada de la reforma judicial de 2024 y de la elección judicial de 2025.
Con ello, Aguilar buscó marcar una diferencia entre la Corte que recibió y la que ahora encabeza: menos asuntos pendientes, nuevos mecanismos de control y una administración que, según sostuvo, pretende dejar atrás prácticas que considera obsoletas.
