Tras una audiencia de más de 15 horas, un juez de control vinculó a proceso al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El juzgador consideró suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) para establecer, en esta etapa del proceso, la probable responsabilidad del ex mandatario en hechos ocurridos tras la desaparición de los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
De acuerdo con la acusación, Aguirre Rivero habría ordenado ocultar o destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido aquella noche. Entre los elementos presentados por la Fiscalía se encuentran los testimonios de dos ex funcionarias del Poder Judicial de Guerrero, quienes señalaron que el entonces gobernador tuvo conocimiento de material que documentaba el traslado de uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes.
La defensa presentó 31 datos de prueba para intentar desacreditar la acusación. Entre sus argumentos sostuvo que Aguirre se encontraba en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2014, donde habría participado en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que no habría podido recibir personalmente el material señalado por la Fiscalía.
Sin embargo, el juez determinó que las pruebas de la defensa no eran suficientes para desvirtuar, en esta etapa procesal, los señalamientos de la FGR.
El juzgador estableció un plazo de 120 días para la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán reunir y presentar nuevos elementos de prueba antes de que avance el proceso hacia la etapa de juicio.
Aguirre Rivero permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, mientras su defensa buscará que la medida cautelar sea modificada para permitirle continuar el proceso bajo prisión domiciliaria, argumento que sustentará en su estado de salud y su edad, pues tiene 70 años.
El caso se relaciona con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
