La audiencia, celebrada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York ante la jueza Katherine Polk, marcó el arranque formal del proceso judicial contra el exfuncionario sinaloense, señalado por autoridades estadounidenses de colaborar con la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Aunque la comparecencia fue breve y sin declaraciones del acusado, trascendió que la jueza advirtió sobre la posible llegada de más implicados en la investigación, que involucra a una decena de funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con la organización criminal.
Durante la sesión, el tribunal informó que existe una cantidad considerable de evidencia en el expediente y otorgó un plazo aproximado de 60 días para que la defensa reciba y revise la documentación del caso.
Mérida Sánchez, quien se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses tras ingresar por Arizona desde Sonora el pasado 11 de mayo, enfrenta un escenario complejo: expertos consideran viable que busque un acuerdo de colaboración con el gobierno de Estados Unidos a cambio de beneficios judiciales, como una reducción de condena o incluso protección especial.
Actualmente permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, prisión donde también se encuentran figuras del narcotráfico mexicano como Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.
Las autoridades estadounidenses acusan al exsecretario de haber utilizado su posición en el gobierno de Sinaloa para beneficiar a Los Chapitos mediante presunta filtración de operativos, protección institucional y recepción de pagos ilegales.
Según el Departamento de Justicia, entre 2023 y 2024 habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en sobornos a cambio de alertar sobre acciones contra laboratorios clandestinos y evitar capturas de integrantes de esa facción criminal, mientras permitía operativos contra grupos rivales.
Los cargos que enfrenta incluyen conspiración para tráfico de narcóticos y delitos relacionados con posesión de armamento de alto poder y artefactos explosivos, acusaciones que podrían derivar en cadena perpetua si es declarado culpable.
La siguiente audiencia del exfuncionario mexicano quedó programada para el 4 de agosto de 2026.
