La presidenta Claudia Sheinbaum reencuadró este miércoles el debate en torno al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al asegurar que el gobierno mexicano no actuará por presión política ni mediática, sino conforme a la ley y a la existencia de pruebas suficientes.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reveló que Estados Unidos ha rechazado al menos 36 solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición debido a la falta de pruebas, un criterio que —subrayó— México aplica ahora frente a la petición realizada por Washington.
“Se les olvida la más importante: pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si es funcionario público o no, debe llevar un juicio justo y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, declaró Sheinbaum.
La presidenta explicó que en un inicio habló de 38 casos, aunque posteriormente corrigió la cifra a 36, y adelantó que la próxima semana la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica darán a conocer públicamente esos expedientes.
El posicionamiento presidencial surge en medio de las presiones y cuestionamientos sobre qué debe hacer México ante la solicitud estadounidense relacionada con el mandatario sinaloense. Para Sheinbaum, el debate ha sido reducido erróneamente a tres escenarios: extraditar de inmediato, detenerlo en México o no actuar.
Sin embargo, insistió en que existe una cuarta vía: exigir evidencias suficientes antes de proceder judicialmente.
En uno de los momentos más contundentes de la mañanera, la mandataria planteó un escenario inverso para defender la postura de su administración.
“Solo pongamos al revés: que México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición”, expresó, al señalar que la relación bilateral no puede sostenerse bajo criterios desiguales entre ambos países.
Sheinbaum reiteró que la posición del gobierno federal está sustentada en el sistema penal acusatorio y en el respeto al Estado de Derecho. Afirmó que si existen pruebas sólidas, las autoridades actuarán; de lo contrario, no habrá acciones precipitadas.
“¿Qué es eso? La ley. No puede ser que usen el Estado de Derecho cuando les conviene y lo escondan cuando quieren dar clases”, lanzó en respuesta a las críticas.
La presidenta también rechazó que exista protección política hacia Rocha Moya por pertenecer a Morena y aseguró que el criterio sería idéntico si se tratara de un gobernador de oposición.
“Si fuera un gobernador en funciones de otro partido político del que no provenimos, haríamos exactamente lo mismo”, sostuvo.
El caso ocurre mientras fiscales federales mantienen abiertas investigaciones relacionadas con secuestros, homicidios e irregularidades presuntamente ocurridas en 2021, así como el seguimiento a funcionarios que habrían participado en esos hechos.
