El gobierno del estado de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, habría otorgado acceso ilimitado a sus cámaras de videovigilancia al FBI a través de la plataforma Centinela, una estrategia de seguridad estatal que integra miles de dispositivos con reconocimiento facial, lectores de placas, drones y centros de mando en diversos municipios. Gracias a ello, el FBI y otras agencias estadounidenses tienen acceso a datos biométricos de ciudadanos chihuahuenses, lo que representa una violación a la soberanía nacional y al derecho a la privacidad.
Este hecho se suma a la reciente operación no autorizada de agentes de la CIA en la entidad, de la cual el gobierno federal no fue informado.
Las autoridades estatales han defendido esta colaboración argumentando que es necesaria para desarticular bandas de narcotráfico y tráfico de personas que operan en ambos lados de la frontera. La gobernadora Maru Campos ha calificado la plataforma Centinela como una “herramienta de primer mundo” que requiere cooperación internacional para ser efectiva, y asegura que la inteligencia compartida ha permitido capturar objetivos prioritarios.
El origen de este acuerdo se remonta a 2022, cuando el gobierno de Chihuahua y el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmaron un convenio. En 2023 la colaboración se intensificó: Chihuahua puso a disposición del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y otras agencias sus recursos tecnológicos para rastrear vehículos y personas.
El documento firmado por ambos mandatarios establece que el gobierno estatal continuará implementando medidas de seguridad en la frontera, tanto en puertos de entrada como a lo largo del río Grande, con el fin de prevenir la migración ilegal desde Chihuahua hacia Texas. Como parte del acuerdo, también se ofreció el uso de drones para vigilar el muro fronterizo y el acceso a la base de datos con inteligencia artificial del registro estatal de licencias de conducir.
Maru Campos justificó la firma argumentando que buscaba detener las exhaustivas inspecciones de camiones que Texas aplicaba en la frontera, además de permitir a las autoridades estadounidenses rastrear en tiempo real a criminales que cruzan de un país a otro e identificar vehículos robados o con reporte de uso ilícito antes de que cambien de jurisdicción.
Chihuahua ha ofrecido tecnología avanzada y el intercambio de inteligencia a cambio de frenar medidas unilaterales de Texas, pero a costa de ceder datos biométricos de ciudadanos mexicanos, vulnerando principios constitucionales de soberanía y privacidad.
