De acuerdo con información difundida por el gabinete de Seguridad Federal, ambos agentes estadounidenses ingresaron a territorio nacional bajo condiciones migratorias que les impedían intervenir directamente en acciones de seguridad en México.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que, según los registros migratorios, uno de los agentes entró como visitante sin permiso para actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático. En ninguno de los casos existía acreditación oficial para participar en operativos, lo que contraviene la legislación vigente.
Las autoridades federales subrayaron que ni las instituciones del Gabinete de Seguridad ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenían conocimiento de la participación directa de agentes extranjeros en el operativo realizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, entre el 17 y el 19 de abril. Ante ello, se iniciaron revisiones coordinadas con autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que permitir la intervención de agentes extranjeros en operativos contra el crimen organizado viola la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Senadores de Morena advirtieron que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, podría enfrentar un juicio político por presuntas violaciones graves al marco legal.
El senador Enrique Inzunza calificó la participación de los agentes como una acción deliberada que invade facultades exclusivas del Estado mexicano. Otros legisladores plantearon incluso la posibilidad de que se configure el delito de traición a la patria. Se reiteró que la presencia de agentes extranjeros debe limitarse al intercambio de información, no a intervenciones directas.
El gobierno mexicano insistió en que la cooperación internacional en seguridad debe regirse por soberanía, reciprocidad y respeto mutuo, descartando cualquier forma de subordinación.
En los hechos ocurridos en la comunidad de El Pinal fallecieron cuatro personas: los dos agentes estadounidenses y dos elementos de seguridad estatales. Versiones legislativas apuntan a que los agentes habrían utilizado uniformes de la policía estatal para encubrir su participación, lo que agravaría las violaciones legales.
Ante la presión política y mediática, la gobernadora Maru Campos anunció la creación de una unidad especializada para investigar los hechos, sin dar detalles ni aceptar preguntas. La investigación estará a cargo de la fiscal Wendy Chávez Villanueva.
