Nueve años después de la violenta irrupción policial en la comunidad indígena de Arantepacua, un juez de control emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y otros 14 agentes estatales.
Los exfuncionarios enfrentan cargos por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad, de acuerdo con la investigación que la Fiscalía General del Estado mantiene por los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017. En aquella fecha, más de 300 efectivos de seguridad ingresaron al poblado purépecha, ubicado en el municipio de Nahuatzen, con el pretexto de recuperar unidades de transporte retenidas. Lo que siguió fue un operativo a tiros que derivó en cuatro ejecuciones extrajudiciales —entre ellas la de un menor de edad—, 37 personas lesionadas y al menos una decena de casos de tortura.
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó ampliamente los abusos en su recomendación 42/2020, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió en 2022 no atraer el caso, dejando que fuera la justicia local la que continuara con el proceso.
En las últimas semanas, las víctimas y sus familiares intensificaron su exigencia de justicia. Víctor Manuel Serrato Lozano, comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas en Michoacán, señaló que las acciones de reparación ya han dado pasos importantes, como la construcción del Hospital Comunitario de Arantepacua y la creación de un memorial escultórico en memoria de los fallecidos. No obstante, subrayó que “acceder a la verdad y a la justicia” era una demanda pendiente fundamental para completar el proceso de reparación integral.
