En medio del debate internacional sobre migración, México busca posicionarse con una narrativa distinta: la del acceso a derechos y el trato digno para sus connacionales fuera y dentro del país.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, a través del Programa de Trabajadores Independientes (PTI), ha logrado integrar a 19 mil 502 personas —incluidos migrantes mexicanos en el extranjero— al sistema de seguridad social. Esta iniciativa permite que quienes residen fuera del país puedan acceder a servicios médicos y prestaciones, una deuda histórica para quienes trabajan sin afiliación formal.
Las cifras, actualizadas al 19 de marzo de 2026, muestran además una brecha de género: el 61% de los inscritos son hombres y el 39% mujeres, lo que refleja también los patrones migratorios laborales.
En paralelo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) impulsa el programa “Infonavit sin Fronteras”, enfocado en migrantes que adquirieron una vivienda en México pero se trasladaron a Estados Unidos sin liquidar su crédito. El esquema permite continuar los pagos desde el extranjero, ya sea de forma directa o a través de familiares, incluso mediante remesadoras, lo que evita la pérdida del patrimonio.
A estas acciones se suma la estrategia “México te abraza”, coordinada por la Secretaría de Gobernación, que reportó 189 mil 839 repatriaciones entre enero y marzo de 2026. Según autoridades, el proceso se ha llevado a cabo con “saldo blanco”, es decir, sin incidentes mayores durante el retorno de los connacionales.
En conjunto, estos programas delinean un enfoque institucional que busca garantizar derechos básicos —salud, vivienda y retorno seguro— a la población migrante mexicana. Aunque los retos persisten, especialmente en cobertura y acceso real, las cifras muestran un intento por transformar la experiencia migratoria en una más protegida y digna.
