El Secretario General de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, lanzó fuertes señalamientos por el caso del contrato firmado entre el municipio de Monterrey y la empresa Next Energy en 2020, por un monto de siete mil millones de pesos, y aseguró que el único responsable del desorden financiero es el entonces alcalde Adrián de la Garza.
Desde Monterrey, el funcionario calificó el caso como “el cinismo en su máxima expresión”, al denunciar presuntos conflictos de interés y antecedentes de fraude relacionados con la empresa que se comprometió a construir un parque eólico que, hasta la fecha, no registra avances.
Flores Serna sostuvo que existen elementos claros sobre quiénes participaron en la firma del contrato y cuestionó que se intente trasladar la responsabilidad a administraciones posteriores. En ese sentido, señaló que la actual Contralora del municipio figura como socia de la empresa beneficiada con el acuerdo.
“Hay detectados dos socios en esta empresa que no ha construido nada; uno es la persona que hoy está en la cárcel y la segunda es la actual Contralora del municipio de Monterrey. Yo creo que el chiste se cuenta solo, está mucho más claro que el agua cristalina. Me duele Monterrey, lo que está viviendo es inaceptable”, expresó.
El Secretario General recordó que el contrato fue firmado en 2020 durante la administración de Adrián de la Garza. Posteriormente, cuando Luis Donaldo Colosio Riojas asumió la alcaldía de Monterrey, intentó cancelar el acuerdo al detectar presuntas irregularidades; sin embargo, explicó que el documento estaba jurídicamente blindado.
“En 2020 se celebra este contrato entre la empresa y el municipio de Monterrey. Luego el hoy senador Luis Donaldo Colosio se convierte en alcalde, detecta este contrato fraudulento y trata de darlo de baja; sin embargo, el alcalde anterior lo dejó lleno de candados jurídicos para impedir su cancelación, y lo más que pudo hacerse fue reducirlo de 30 a 10 años”, detalló.
Asimismo, el funcionario mencionó que el propietario de la empresa, Eugenio Javier Maiz Domene, se encuentra actualmente preso en Aguascalientes acusado de fraude en un caso similar, lo que, dijo, refuerza la gravedad de los antecedentes del contrato.
“Es sumamente ridículo tratar de detectar quién tiene la culpa de un fraude de siete mil millones de pesos si la Contralora de Monterrey es socia de la empresa; es juez y parte”, puntualizó.
Finalmente, Flores Serna aseguró que el Gobierno del Estado mantendrá su postura de esclarecer los hechos y evitar que se manipule la información. Reiteró que la ciudadanía merece conocer la verdad completa sobre un contrato que, afirmó, ha generado un serio impacto financiero y político en Monterrey.
