La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal abrir proceso penal contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, por su presunta participación en la obtención irregular de una pensión vitalicia entregada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo en 2004. La imputación también alcanza a dos personas más, de acuerdo con registros del Poder Judicial de la Federación.
Según la FGR, los hechos están relacionados con el caso de Carlos Fernando Márquez Padilla, quien trabajó 129 días en Pemex antes de morir el 7 de octubre de 2004 tras caer del piso 12 del edificio principal de la empresa.
Aunque los peritajes concluyeron que se trató de un suicidio, la versión no quedó asentada en la documentación administrativa del momento. Días después del fallecimiento, el 19 de octubre, se solicitó el pago de una pensión posmortem para los beneficiarios, con efectos inmediatos.
En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Oropeza, expuso públicamente que Casar habría cobrado indebidamente alrededor de 31 millones de pesos en pagos acumulados, equivalentes a 125 mil pesos mensuales, bajo el argumento de que la pensión no correspondía a las circunstancias del caso ni al tiempo de servicio del funcionario fallecido.
La acusación se basa en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217 del Código Penal Federal. Esta figura puede aplicarse tanto a funcionarios públicos como a particulares que promuevan u obtengan beneficios económicos mediante gestiones irregulares. Las sanciones van de seis meses a 12 años de prisión, además de multas económicas.
La audiencia inicial quedó programada para el 16 de diciembre. Ese día, la FGR expondrá ante el juez los resultados de su investigación y las conductas específicas que atribuye a los tres señalados. El delito no se considera grave, por lo que, en caso de que se dicte vinculación a proceso, las personas imputadas podrían enfrentar su juicio en libertad.
La pensión que originó el caso fue suspendida por Pemex en febrero de 2024. Casar promovió un juicio de amparo, y posteriormente un juzgado federal ordenó a la empresa reintegrar el pago mientras se resolvía el fondo del asunto.
