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“Operación Caudal”: el Estado de México frena el comercio ilegal de agua potable

En un operativo simultáneo en 48 municipios, autoridades estatales y federales aseguraron más de 160 sitios y 250 pipas vinculadas al “huachicol” del agua, con el objetivo de garantizar el suministro regular y sancionar a quienes lucraban con el recurso

Desde las primeras horas del viernes, el Gobierno del Estado de México desplegó la “Operación Caudal”, un operativo coordinado para desmantelar redes dedicadas a la extracción y venta ilegal de agua potable. Hasta el momento, más de 160 sitios y 250 pipas han sido intervenidos, en lo que representa un esfuerzo conjunto entre autoridades estatales y federales.

La acción, impulsada por la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal, así como la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México.

Según el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo Hernández, los sitios asegurados estaban vinculados a grupos que operaban bajo la fachada de sindicatos o asociaciones sociales, controlando pozos y redes clandestinas para llenar pipas y vender agua a sobreprecio. Esta práctica había generado desabasto en colonias de municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, La Paz, Texcoco y Valle de Bravo.

Cada sitio intervenido cuenta con una carpeta de investigación abierta, y las autoridades confirmaron que la operación no afecta la distribución regular de agua potable, ya que los pozos y ductos oficiales continúan funcionando bajo la supervisión de la CAEM y los organismos municipales.

La “Operación Caudal” representa un paso firme del gobierno mexiquense para recuperar un recurso esencial que durante años fue objeto de lucro ilícito, consolidando la estrategia de la administración de Delfina Gómez Álvarez para erradicar prácticas de corrupción que comprometían el bienestar de los ciudadanos.

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