En plena carrera mundial por conseguir ventiladores para salvar vidas durante la pandemia de COVID-19, el Gobierno de México firmó a contrarreloj un contrato con la empresa inglesa Viva Enterprises Limited. Cinco años después, 650 de esos equipos nunca llegaron, y el país enfrenta a la compañía en tribunales de Londres por presunto engaño.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que el contrato fue suscrito el 4 de abril de 2020, apenas semanas después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia sanitaria. La proveedora exigió el pago anticipado del 100% —equivalente a 1,400 millones de pesos— con la promesa de entregar mil ventiladores en un lapso de siete días.
El INSABI, entonces responsable de las adquisiciones de salud, transfirió el monto el 13 de abril de 2020, con la expectativa de recibir los equipos antes de fin de mes. Pero la empresa reportó retrasos sucesivos, alegando problemas logísticos y de producción.
Para el 28 de abril, la entrega no se había concretado.
El 30 de abril, Viva Enterprises anunció un nuevo retraso, y ante el incumplimiento, el Gobierno mexicano exigió la devolución inmediata de los recursos.
Finalmente, la firma inglesa devolvió el dinero correspondiente a 300 ventiladores y entregó únicamente 50, quedando un faltante de 650 equipos. “A partir de ese momento se les estuvo presionando constantemente, sin resultados”, explicó Buenrostro.
La situación se agravó cuando la compañía intentó atribuirse falsamente la entrega de ventiladores adquiridos por otra empresa, Encoral, en un intento por justificar el contrato. “Quisieron engañar diciendo que los que entregó otra distribuidora eran suyos, pero se documentó que era mentira”, afirmó la funcionaria.
Juicio en Londres por “engaño”
Ante la falta de solución, el Gobierno mexicano presentó en 2021 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y abrió un juicio en Londres, ya que el contrato se firmó bajo jurisdicción y leyes inglesas.
La acusación central es por el delito de “engaño” (misrepresentation), figura reconocida en la legislación británica. El caso es llevado por el despacho Peters & Peters, especializado en fraudes internacionales.
Buenrostro informó que el periodo de aportación de pruebas concluyó en noviembre y que las audiencias finales se realizarán en diciembre, con altas probabilidades de un fallo favorable para México. “La materialidad del engaño se demuestra en la no entrega; como no hay forma de acreditar que los ventiladores existan, se acreditará el fraude”, aseguró.
De confirmarse la resolución a favor del Estado mexicano, el país recuperaría el dinero pagado, los intereses generados y podría abrir la puerta a sanciones adicionales contra la empresa.
Actualmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno da seguimiento al proceso judicial en Reino Unido y a la denuncia penal en México, con el objetivo de recuperar los recursos públicos y establecer un precedente contra fraudes en contextos de emergencia.
