En 1996 nació el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), concebido para canalizar recursos federales ante emergencias. Sin embargo, su operación original era limitada: solo funcionaba si los estados o municipios aportaban la mitad del presupuesto, dejando a muchas regiones sin ayuda cuando no contaban con fondos propios.
Tres años después, en 1999, se creó un fideicomiso que buscaba formalizar la administración de los recursos, pero terminó haciendo el sistema más opaco y burocrático.
“Al ser un fideicomiso, su uso de recursos se volvió muy oscuro. En aquel entonces, ni siquiera se sabía cuántos fideicomisos públicos existían”, señaló Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Durante la primera década del siglo XXI, la burocracia impedía respuestas rápidas: se registraban retrasos de hasta 120 días entre la ocurrencia de un desastre y el inicio de la ayuda. Aunque se implementó la figura de “apoyo parcial inmediato” para acelerar la atención, la falta de transparencia seguía siendo un problema crítico.
Los años posteriores mostraron reiteradas fallas: en Tabasco, el gobernador Andrés Granier desvió recursos del Fonden para cubrir su déficit fiscal, mientras que en Veracruz, durante la administración de Duarte, miles de millones quedaron sin comprobarse. La Auditoría Superior de la Federación documentó sobreprecios de hasta 375% en los contratos de reconstrucción y múltiples actos de corrupción a lo largo de las administraciones de Fox, Calderón y Peña Nieto.
Fue hasta la administración de López Obrador que la estrategia cambió: además de agilizar los apoyos, el gobierno destinó recursos directos a la población afectada, no solo a bienes y servicios públicos. En el huracán Nate, por ejemplo, se atendieron más de 300,000 personas con menor presupuesto y tiempos de respuesta significativamente reducidos.
Finalmente, en 2021, el Fonden desapareció como fideicomiso y la atención a desastres quedó incorporada en presupuestos más transparentes y procedimientos más eficientes.
Buenrostro asegura que la nueva modalidad permite no solo resolver daños a infraestructura, sino también garantizar ayuda inmediata a la población, desde despensas y enseres hasta becas y reconstrucción de viviendas.
