El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó este martes la iniciativa de Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua, revertir el modelo privatizador vigente desde la década de los noventa y fortalecer la rectoría del Estado sobre este recurso estratégico.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, subrayó que el agua “no es un privilegio, ni una mercancía, sino un derecho humano y un bien público”. Señaló que privatizar el recurso equivale a “robarle a los pueblos su futuro”, por lo que el nuevo marco jurídico busca asegurar un acceso equitativo, sustentable y resiliente al cambio climático.
Godoy explicó que la iniciativa se elaboró tras meses de diálogo con gobiernos estatales, municipales, comunidades indígenas y afromexicanas, así como representantes de la academia y organizaciones sociales. Los insumos se recogieron en foros realizados en las 13 regiones hidrológicas del país.
Entre los ejes principales de la propuesta destacan:
- Creación de la Estrategia Nacional Hídrica para la planeación y evaluación de políticas a largo plazo.
- Reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento, como respuesta a una demanda histórica de la sociedad.
- Regulación y obligación de instalar sistemas de captación de agua pluvial en obras públicas y privadas.
- Promoción de la cultura del agua para garantizar su preservación a generaciones futuras.
- Establecimiento de criterios mínimos para el funcionamiento de los organismos operadores del agua.
Por su parte, el director general de la Conagua, Efraín Morales, precisó que el cambio normativo implicará un “profundo viraje de visión”, pues el agua dejará de ser vista como mercancía y se consolidará como un bien estratégico de la nación.
Entre las modificaciones más relevantes a la Ley de Aguas Nacionales se encuentran:
- Prohibición de la venta o transmisión de concesiones de agua entre particulares.
- Implementación de un Registro Nacional de Agua confiable y transparente.
- Procesos abreviados para garantizar certeza jurídica en casos de sucesiones o compraventa de predios con títulos de agua.
- Endurecimiento de sanciones contra el uso indebido, robo y mercado negro del agua, con penas de hasta 10 años de prisión.
- Creación de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales para reasignar volúmenes recuperados por extinción de concesiones.
- Limitación del pago de cuotas de garantía a un máximo de cinco años para evitar acaparamiento.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó esta reforma como “una buena forma de celebrar el primer año de gobierno” y destacó que la medida pone fin a la lógica instaurada en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que permitió tratar las concesiones como títulos transmisibles y vendibles entre privados.
“Hoy el agua deja de ser mercancía y vuelve a ser un recurso estratégico de la nación. La iniciativa devuelve al Estado la rectoría y asegura su distribución justa y ordenada, para garantizar el derecho humano al agua”, afirmó.
Sheinbaum puntualizó que la propuesta enviada al Congreso ya fue consensuada a través de foros nacionales y espera que sea aprobada en el actual periodo legislativo. Además, informó que se trabaja en proyectos de inversión conjunta entre la Federación, estados y municipios para atender problemas críticos de infraestructura hídrica, incluyendo el oriente del Valle de México y la Línea A del Metro capitalino.
Respecto al compromiso internacional con Estados Unidos en materia de aguas transfronterizas, Sheinbaum aseguró que México cumplirá con las entregas pactadas para octubre y noviembre, sin afectar a los productores del norte del país, gracias a acuerdos técnicos bilaterales.
