Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este viernes sobre la sentencia emitida por una corte civil en Florida, Estados Unidos, que obliga a Genaro García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, a devolver al gobierno de México una suma multimillonaria obtenida mediante corrupción durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Durante la conferencia matutina del Gobierno Federal, Gómez explicó que la corte falló a favor del Estado mexicano tras una compleja demanda civil iniciada en 2018, al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con fuerte impulso de la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
Según la UIF, entre 2009 y 2018 se firmaron al menos 30 contratos con la Policía Federal y el sistema penitenciario, por un total de 625 millones de dólares, presuntamente desviados por García Luna y sus cómplices hacia empresas fachada y cuentas en el extranjero.
El proceso legal inició en Florida debido a que los implicados tenían su residencia y operaban desde ese estado. Tras superar obstáculos legales, la jueza encargada del caso ordenó la entrega de bienes confiscados (con un valor estimado de 12.5 millones de dólares), al gobierno de México, aunque uno de esos activos aún no ha sido vendido.
Revelaciones clave
La demanda contra García Luna fue inicialmente por 250 millones de dólares, mientras que la de Pereyra ascendió a 580 millones. La corte resolvió aplicar una sentencia triplicada, con lo que la cantidad total asciende a más de mil 740 millones de dólares.
Gómez destacó que la jueza estadounidense, elegida por votación popular, resolvió de forma individual contra cada acusado y sus respectivas empresas, señalando que las pruebas demostraron un esquema de defraudación sistemática que operó durante dos sexenios, sin interrupción ni supervisión efectiva.
El titular de la UIF subrayó el contraste entre las resoluciones en Estados Unidos y México. Mientras allá se dictan sentencias ejemplares, en el país un tribunal colegiado concedió un amparo a Pereyra para que pueda operar libremente en el sistema financiero nacional. “Eso nos dice mucho del estado de derecho en nuestro país”, comentó.
Lo que sigue
Pablo Gómez adelantó que aún falta una nueva resolución judicial en Estados Unidos, que podría derivar en más recuperaciones para el erario mexicano. Además, mencionó que en México continúa un proceso penal contra varios implicados, con personas detenidas, órdenes de aprehensión activas y negociaciones en curso con posibles colaboradores.
“Este caso no sólo busca justicia, sino que representa una lección histórica sobre cómo operó la corrupción transexenal en México y cómo un verdadero cambio sólo comenzó a darse a partir de 2018”, concluyó.
Finalmente, Gómez hizo un llamado a las nuevas generaciones a no rendirse frente al estado corrupto, y a luchar por un país donde prevalezca el estado democrático de derecho. “Estas resoluciones nos permitirán conocer a fondo cómo se robaba el dinero público sin temor a consecuencias. Hoy eso comienza a cambiar”.
