A más de tres años de su desaparición, el paradero de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, sigue siendo un misterio. La exconductora de espectáculos y su pareja enfrentan acusaciones por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Sin embargo, recientemente, ambos fueron eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas, un registro gestionado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que impide el acceso a cuentas bancarias de personas investigadas por presuntas actividades ilícitas.
Según la UIF, la inclusión en dicha lista se basa en investigaciones internas o en solicitudes de organismos internacionales, con el objetivo de prevenir delitos financieros. Sin embargo, la eliminación de sus nombres no significa que hayan sido exonerados de las acusaciones en su contra.
El caso contra Gómez Mont y Álvarez Puga inició en 2019, cuando la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada abrió una investigación en su contra por su presunta participación en una organización criminal. Fue hasta 2021 cuando la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión, lo que los llevó a desaparecer de la esfera pública.
Rumores sobre su paradero
A lo largo de estos años, han circulado diversas teorías sobre el paradero de la exconductora. En 2022, Tita Bravo, madre del primer esposo de Gómez Mont, sugirió que podría estar escondida en una casa de seguridad en Chiapas, Puebla o incluso en Miami. También mencionó que la exconductora podría haberse distanciado de sus hijos debido a la gravedad de las acusaciones en su contra.
A pesar de su condición de prófuga, el nombre de Inés Gómez Mont volvió a resonar en los medios luego del fallecimiento de Daniel Bisogno. Durante un programa de “Ventaneando”, Pati Chapoy mencionó que la exconductora envió sus condolencias, lo que indicó que aún mantiene comunicación con algunos de sus excompañeros.
Actualmente, Gómez Mont enfrenta cuatro órdenes de aprehensión, una de ellas por defraudación fiscal por 3.6 millones de pesos, así como su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de tres millones de pesos. Mientras las autoridades continúan su búsqueda, su situación legal sigue en el aire y su paradero sigue siendo una incógnita.
