Impulsa PAN penas más altas contra robo de niños

En una medida orientada a proteger a los menores de edad y fortalecer la seguridad de la  infancia en la capital, la diputada local panista, Laura Álvarez Soto, acompañada del  Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Andrés Atayde, y de todos los integrantes de  esa bancada, presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa  para reformar el segundo párrafo del artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal,  con la que busca aumentar la pena mínima por el delito de sustracción de menores a 10  años de prisión y la máxima a 20 años, mismas que hoy se encuentran en 3 y 7 años,  respectivamente.  

La Ciudad de México enfrenta una crisis en materia de desaparición de menores que ha  venido creciendo en los últimos años. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas  Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde 2017 se han reportado 5,274 casos de  niñas, niños y adolescentes desaparecidos en la ciudad; y al menos 1,167 aún no han sido  localizados hasta agosto de 2024. Quiere decir que uno de cada 3 niñas, niños y  adolescentes desaparecidos de los que se tienen registro proceden de la Ciudad de México.  Las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero concentran el 33% de estos casos, lo que  evidencia la magnitud del problema. El 80% de los menores desaparecidos son  adolescentes entre 12 y 17 años; dos de cada tres son mujeres, lo que refleja un  preocupante sesgo de género en estos casos. 

Atender este problema que afecta a la niñez y también a sus familias es algo que ya no  puede esperar. Reconocemos que no basta con endurecer las penas, sino que este es un  primer paso, pero un paso firme para garantizar su seguridad”, señaló el diputado Andrés Atayde. 

La diputada reiteró: “No basta con protocolos y buenas intenciones. Necesitamos leyes que  fortalezcan nuestra capacidad de respuesta y que aseguren un entorno seguro para  nuestras niñas y niños. Por eso, propongo elevar las penas por la sustracción de menores,  para que quien cometa este delito sepa que enfrentará las consecuencias más severas, que  quien pretenda robarse un niño termine en la cárcel”. 

Por su parte, Guillermo Donaldo, director general de la Fundación Nacional de  Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, I.A.P. advirtió que la sustracción por  persona ajena o robo de niños requiere de toda la atención ya que se ha incrementado entre  menores de 0 a 6 años y en adolescentes de los 12 a los 17 años que son presa del delito  con fines de trata o de crimen organizado. “Elevar las penas es necesario, pero también las  Fiscalías deben hacer su parte, no hay justificación para que a los padres o familiares se les  pida esperar 72 horas para iniciar una denuncia. La autoridad debe actuar de inmediato”,  señaló. 

La iniciativa presentada representa un compromiso firme con la protección de la infancia y  es un llamado a la acción para que las y los legisladores se sumen en favor de un marco  jurídico más sólido y efectivo.