Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad durante el fallido sexenio de Felipe Calderón, podría pasar el resto de sus días tras las rejas, así lo solicitan autoridades de EEUU, tras encontrarlo culpable de 5 delitos graves relacionados con el fraude y narcotráfico.
Además de pasar lo que le queda de vida en la cárcel, García Luna tendría que pagar una reparación del daño por unos 5 millones de dólares.
Tanto la cadena perpetua como la multa, han sido propuestas por la Fiscalía estadounidense, quienes entregaron al juez del caso Brian Cogan, una carta de nueve páginas para que las tome en cuenta previo a la lectura de su sentencia, prevista para el próximo 9 de octubre.
Un dato relevante, que podría jugar en contra de García Luna, es que la Fiscalía descubrió que el ex funcionario de Calderón sigue cometiendo conductas corruptas aún dentro de prisión; en unas grabaciones obtenidas por los fiscales, se escucha cuando García Luna intenta sobornar a otros internos del penal de Brooklyn, donde permanece recluido, a quienes les habría pedido dar testimonio a su favor. García Luna les habría indicado que dijeran que los testimonios en su contra fueron pagados.
El acusado no ha mostrado remordimiento por su conducta criminal, sino que ha seguido cometiendo delitos mientras ha estado bajo custodia, tratando de obstruir a la justicia mediante ofertas de soborno a otros delincuentes en la prisión donde esta recluido”, señaló la Fiscalía.
Ahora bien, en cuanto a la multa, esta podría incrementarse hasta los 32 millones 250 mil dólares. En su favor, existe la sentencia dictada contra el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de cárcel y una multa de 8 millones de dólares. Si corre con suerte, García Luna podría evadir la cadena perpetua y pagar una multa menor a la que merece.
En junio pasado la Fiscalía ya habría propuesto la cadena perpetua. Al verse con “el agua en el cuello”, García Luna comenzó a lanzar acusaciones absurdas, incluso algunos francamente ridículas, como las que hizo en contra del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de tener nexos con el crimen organizado, versiones que no han tenido un eco más que entre los haters de la derecha conservadora.
El acusado obtuvo decenas de millones de dólares del Cártel de Sinaloa en sobornos, en comparación con el salario que tenía como oficial del Gobierno mexicano. Y la posición del acusado en el gabinete presidencial mexicano fue una fachada de la membresía del acusado en el Cártel de Sinaloa. El acusado usó su posición oficial para impulsar de forma encubierta y corrupta las metas del Cártel de Sinaloa. Por lo tanto, la evidencia demuestra que el acusado se involucró en esta conducta criminal como forma de vida”, argumentó en ese entonces la Fiscalía.
