La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó una investigación sobre una presunta red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, que habría concentrado contratos millonarios para la fabricación y suministro de materiales electorales mediante un esquema de simulación de competencia en licitaciones públicas.
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la funcionaria explicó que la investigación reconstruyó operaciones empresariales y contrataciones que se remontan a 1999 y que se extendieron durante distintas administraciones y periodos de integración de las autoridades electorales.
De acuerdo con los datos presentados, entre 2015 y 2023, las compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). A esta cantidad se suman otros 646.3 millones de pesos correspondientes a adjudicaciones realizadas entre 2024 y 2025 en 15 organismos estatales.
En conjunto, los contratos identificados ascienden a 2 mil 740.3 millones de pesos. La secretaria advirtió que se trata de cifras preliminares que podrían aumentar conforme avancen las revisiones, debido a que no toda la información histórica de las contrataciones está disponible en las plataformas públicas.
Seis empresas bajo investigación
Entre las compañías identificadas por las autoridades se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
Según Buenrostro, estas empresas mantienen relaciones corporativas y familiares mediante socios, representantes legales, administradores y accionistas que estarían conectados con los hermanos Hernández Casillas.
Uno de los principales mecanismos detectados consiste en la presunta simulación de competencia: distintas compañías relacionadas entre sí participaban en una misma licitación, presentaban propuestas económicas aparentemente independientes y acordaban previamente cuál obtendría el contrato.
De esta manera, aunque los procedimientos mostraban varios participantes, la competencia habría sido solamente aparente, pues las empresas pertenecían a una misma estructura de intereses económicos.
La investigación también identificó posibles irregularidades en la capacidad operativa de algunas compañías, entre ellas falta de trabajadores registrados, infraestructura insuficiente y coincidencias en domicilios y números telefónicos.
Empresas fachada y dispersión de recursos
Otro de los hallazgos expuestos por la secretaria está relacionado con el destino del dinero público después de que las empresas recibían los pagos por los contratos.
De acuerdo con la investigación, los recursos presuntamente eran transferidos a otras compañías y posteriormente dispersados entre distintas razones sociales, lo que dificultaría identificar quiénes eran los beneficiarios finales.
También se encontraron indicios de posibles empresas factureras y personas que habrían sido utilizadas como prestanombres. Entre los casos mencionados se identificaron personas de hasta 96 años y jóvenes de 18 años dentro de las estructuras empresariales analizadas.
Las autoridades también revisan posibles operaciones de lavado de dinero y movimientos financieros que podrían estar relacionados con los recursos obtenidos mediante las contrataciones electorales.
Una red con antecedentes desde los años ochenta
Buenrostro explicó que los hermanos Hernández Casillas comenzaron su trayectoria en el servicio público durante la década de 1980, en el Registro Nacional de Población y posteriormente en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
En esa etapa también aparece Juan Carlos Padilla Aguilar, quien habría sido superior de José Alfredo Hernández Casillas en el servicio público.
Posteriormente, las empresas relacionadas con los hermanos comenzaron a participar en el mercado de materiales electorales. Uno de los antecedentes identificados corresponde a 1999, cuando obtuvieron un contrato por 63.7 millones de pesos en el Estado de México, operación que estuvo rodeada de señalamientos por irregularidades y derivó en la renuncia de consejeros electorales locales.
A partir de entonces, la red habría ampliado su presencia en las contrataciones de autoridades electorales estatales y federales.
La investigación ya tenía antecedentes en materia de competencia económica
El caso también cuenta con antecedentes institucionales. De acuerdo con información publicada por La Jornada, desde julio de 2022 la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación, identificada con el expediente IO-003-2021, por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de contratación pública de materiales y documentación electoral.
Hasta el 22 de octubre de 2026 se habían emitido al menos 69 notificaciones relacionadas con las empresas investigadas, para que sus representantes respondieran sobre las posibles irregularidades.
Además, el pasado 30 de octubre, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante la Cámara de Diputados que cinco empresas vinculadas entre sí habrían recibido contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, mediante mecanismos de presunta simulación de competencia.
El funcionario también informó sobre el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa por posibles faltas graves contra cinco personas, cuyas identidades fueron reservadas para proteger el debido proceso.
¿Qué sigue en las investigaciones?
La Secretaría Anticorrupción explicó que las anomalías detectadas requieren la intervención de distintas instituciones.
La Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revisa las operaciones fiscales y financieras, así como los posibles movimientos de recursos entre empresas.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá revisar las contrataciones y determinar posibles responsabilidades administrativas dentro de sus atribuciones, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) investigará los posibles delitos y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.
El Gobierno federal señaló que el objetivo es esclarecer cómo operó esta estructura durante casi tres décadas, quiénes participaron en las contrataciones y quiénes terminaron beneficiándose de los recursos públicos destinados a los procesos electorales.
Hasta el momento, los señalamientos forman parte de investigaciones y procedimientos en curso; por tanto, no constituyen por sí mismos una sentencia que acredite la responsabilidad penal de los empresarios o de otros funcionarios.
