La recuperación de las instalaciones de Canal Once, ocupadas desde el pasado 20 de mayo por un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), dejó al descubierto daños en el archivo histórico de la televisora pública, uno de los acervos audiovisuales más importantes de México.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que durante la inspección inicial se encontró material roto, desordenado y tirado en el piso, por lo que se solicitó la intervención del Ministerio Público y de un notario público para certificar las condiciones en las que fue recibido el inmueble. La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que especialistas realizarán una evaluación para determinar la magnitud de las afectaciones y establecer si parte del material podrá ser recuperado.
El archivo de Canal Once resguarda más de siete décadas de contenidos audiovisuales, considerados de valor histórico, cultural y documental. Su conservación requiere condiciones especiales de almacenamiento, por lo que cualquier alteración puede representar un riesgo para un patrimonio que trasciende a la propia televisora y forma parte de la memoria audiovisual del país.
Aunque las autoridades aún no cuantifican el daño, el caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto que pueden tener las ocupaciones prolongadas de instalaciones públicas cuando éstas albergan bienes culturales o documentales de difícil reemplazo. Más allá de las demandas de los manifestantes, los peritajes buscarán determinar si hubo afectaciones al patrimonio público y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
Mario Delgado recordó que desde el inicio del conflicto el Gobierno federal insistió en la devolución de las instalaciones debido a la presencia de equipo tecnológico especializado y, sobre todo, del archivo histórico. Afirmó que, pese a la recuperación del inmueble, las mesas de diálogo con los estudiantes continuarán para atender el pliego petitorio.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existen investigaciones previamente presentadas por su administración sobre la presunta entrega de recursos económicos a algunos de los participantes en la ocupación. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer nuevos avances públicos sobre esas indagatorias.
Con los peritajes en marcha, las autoridades buscarán determinar el estado del acervo y el alcance real de los daños, mientras especialistas destacan la importancia de preservar este tipo de archivos, que constituyen un registro irremplazable de la historia, la cultura y la vida pública de México.
