Bajo un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por autoridades federales, el exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, fue trasladado este domingo al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde permanecerá mientras enfrenta el proceso penal en su contra por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
El exmandatario abandonó las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde permaneció casi tres días tras su detención. Minutos después de las 11:00 horas quedó formalmente ingresado al Centro Federal de Readaptación Social, considerado uno de los penales de mayor seguridad del país.
Junto con Ernesto “N” también fueron recluidos Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, en un operativo coordinado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina.
En tanto, otros tres imputados recibieron medidas distintas. José María “N” y Guillermo “N” continuarán el proceso en prisión domiciliaria debido a problemas de salud, mientras que Adriana “N” fue internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
La FGR informó que un juez concedió la prisión preventiva para los siete investigados, quienes son señalados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando dentro de una investigación considerada por las autoridades como la mayor red de huachicol fiscal detectada en el país.
Para sustentar la imputación, el Ministerio Público presentó cerca de un centenar de datos de prueba derivados de una investigación de alta complejidad relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de combustibles.
De acuerdo con las investigaciones, el esquema consistía en introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, reportando menores volúmenes de combustible o clasificando la mercancía como otros productos para evadir el pago de impuestos.
Las autoridades sostienen que este tipo de operaciones no solo provoca un importante daño económico a las finanzas públicas, sino que también representa una fuente de financiamiento para organizaciones delictivas, por lo que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la presunta red de contrabando.
