La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026 México ha formulado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos, sin que hasta el momento se haya concretado la entrega de alguna persona requerida por autoridades mexicanas.
Durante la conferencia presidencial, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, defendió el actuar del gobierno mexicano en materia de extradiciones y aseguró que la solicitud de información adicional en estos procedimientos tiene sustento legal, es recíproca y forma parte de la práctica común entre ambos países.
Velasco explicó que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, particularmente en sus artículos 11 y 12, permite a ambas naciones solicitar pruebas o elementos complementarios en cualquier etapa del proceso, especialmente en casos de detención provisional con fines de extradición.
Asimismo, destacó que el artículo 9 del tratado establece que ninguno de los dos países está obligado a entregar a sus propios nacionales, por lo que cada gobierno realiza una revisión exhaustiva antes de autorizar una entrega.
“Tenemos la obligación de verificar todos los elementos y argumentos antes de entregar a un nacional mexicano”, sostuvo el funcionario.
233 casos siguen pendientes
Según las cifras presentadas por la Cancillería, de los 269 casos tramitados por México ante Estados Unidos, 36 ya fueron rechazados, mientras que 233 continúan pendientes.
Del total de expedientes abiertos:
- 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, actualmente en trámite judicial.
- 50 son solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
En este último grupo, Velasco resaltó que 47 de las 50 peticiones mexicanas recibieron requerimientos de información adicional por parte del gobierno estadounidense, lo que, dijo, demuestra que este mecanismo es una práctica ordinaria y no una anomalía jurídica.
“Es algo común entre ambos países; no está fuera del tratado ni del marco legal”, afirmó.
Casos de corrupción
Para ilustrar la dinámica bilateral, la SRE presentó varios expedientes en los que Estados Unidos solicitó mayores datos o negó medidas provisionales.
Entre ellos figuran casos relacionados con corrupción, delincuencia organizada, Ayotzinapa, trata de personas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Velasco mencionó expedientes como el de Francisco Javier “N”, vinculado con delitos de corrupción y lavado de dinero; José Luis “N” y Pablo “N”, relacionados con el caso Ayotzinapa; así como investigaciones por facturación irregular y delincuencia organizada.
En algunos casos, explicó, las autoridades estadounidenses pidieron ampliar información o presentar una solicitud formal; en otros, negaron la detención provisional al considerar que no se trataba de delitos violentos o que los acusados no representaban un riesgo social.
Proceso “con apego al derecho”
El funcionario detalló que el procedimiento de extradición inicia con una verificación diplomática de la SRE, continúa con la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente pasa a revisión de un juez de distrito.
Como conclusión, la Cancillería sostuvo que su postura en materia de extradición es “legal, convencional, recíproca y garante del debido proceso”, reiterando el compromiso del gobierno mexicano con la cooperación internacional en justicia, pero con respeto a la soberanía nacional.
