La crisis política en Sinaloa escaló este viernes luego de que Rubén Rocha Moya anunciara que solicitó una licencia temporal al cargo de gobernador, en medio de la investigación abierta en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.
A través de un mensaje en video, el mandatario estatal informó que presentó formalmente su solicitud ante el Congreso local con el objetivo de facilitar las indagatorias que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos.
“Hoy presenté ante el Congreso del estado la solicitud de licencia temporal al cargo de Gobernador mientras dure el proceso de investigación”, señaló Rocha Moya.
El gobernador aseguró que su decisión responde a una “profunda convicción republicana” y reiteró que busca garantizar que las autoridades mexicanas actúen con plena libertad en el proceso. El anuncio sorprendió, ya que apenas un día antes había descartado dejar el cargo al afirmar que no tenía “nada que temer”.
Rocha Moya rechazó categóricamente las acusaciones en su contra, las cuales calificó como “falsas y dolosas”, y sostuvo que mantiene la conciencia tranquila. Además, afirmó que no permitirá que su situación sea utilizada para afectar al movimiento político al que pertenece.
Horas después del anuncio, la Fiscalía General de la República informó que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para proceder contra Rocha Moya ni contra los otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con la FGR, la solicitud enviada por autoridades estadounidenses carece de pruebas que justifiquen una detención provisional o una eventual extradición.
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, explicó que el expediente presentado no contiene evidencias que acrediten la urgencia de una medida cautelar ni elementos que sustenten las acusaciones.
Por ello, la FGR solicitará, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, información adicional, pruebas y documentación complementaria al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las acusaciones
La polémica se desató el pasado 29 de abril, cuando fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron cargos penales contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otras ocho personas.
Según la acusación, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa en operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
Las autoridades de EU sostienen que Rocha Moya habría mantenido reuniones con líderes del cártel antes de asumir la gubernatura, con el fin de ofrecer protección política y colocar a funcionarios afines en posiciones estratégicas.
Asimismo, el documento judicial señala que funcionarios estatales habrían utilizado recursos públicos, corporaciones policiales e información de inteligencia para favorecer las operaciones del grupo criminal y garantizar su impunidad.
Mientras tanto, el futuro político y judicial del gobernador sinaloense queda en suspenso, a la espera de que avance la cooperación entre las autoridades de México y Estados Unidos.
