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“Ni mis hijos ni nadie”: Sheinbaum cierra la puerta a influencias en contratos públicos

La presidenta enfatiza que ningún familiar, amigo o cercano tiene injerencia en decisiones del gobierno y advierte que cualquier intento de influir en contrataciones está prohibido y será sancionado

En medio de señalamientos sobre presuntas gestiones e influencias en contratos públicos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó una postura tajante: en su gobierno no hay espacio para recomendaciones ni favoritismos, ni siquiera de su círculo más cercano.

Durante su intervención, la mandataria subrayó que todos los servidores públicos tienen instrucciones claras de no aceptar recomendaciones, sugerencias o presiones externas para beneficiar a personas o empresas en procesos de contratación.

Sheinbaum recalcó que la política de su gobierno se basa en la transparencia y en mecanismos formales como licitaciones públicas, dejando fuera cualquier tipo de favoritismo. “No hay manera de que alguien obtenga un contrato por tener una relación personal o familiar con algún funcionario”, afirmó.

En ese sentido, también negó que figuras cercanas como Julio Scherer Ibarra tengan algún tipo de influencia en su administración, y aseguró que incluso sus propios familiares están completamente al margen de las decisiones gubernamentales.

“Mis hijos se dedican a otras actividades, mi familia no participa en el gobierno y, además, existe una instrucción explícita de no recibir a nadie que pretenda influir”, explicó.

La presidenta advirtió que cualquier irregularidad en contratos será investigada y sancionada por las autoridades correspondientes, reiterando que en su gobierno “no hay impunidad” y que los funcionarios que incumplan las normas serán removidos.

Asimismo, hizo un llamado a empresarios a no dejarse engañar por supuestos gestores o intermediarios que prometen facilitar contratos mediante influencias. “Nadie puede ofrecer algo así en nombre del gobierno, porque simplemente no existe”, sostuvo.

Finalmente, Sheinbaum insistió en que la integridad y la honestidad deben demostrarse en todo momento desde el servicio público, y que su administración mantendrá una postura firme contra cualquier intento de corrupción o tráfico de influencias.