En un nuevo frente de tensión internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe de un comité de expertos vinculado a Naciones Unidas sobre desapariciones en México, al considerar que presenta fallas metodológicas y una “orientación” que no refleja la situación actual del país.
Durante su conferencia matutina, la mandataria criticó que el documento se base en un análisis de 2009 a 2017 en solo cuatro estados para proyectar conclusiones hasta 2025, además de señalar que no se incorporaron observaciones realizadas por el gobierno mexicano al borrador del reporte.
“El problema es la orientación del documento”, sostuvo Sheinbaum, al advertir que el informe no reconoce las acciones recientes implementadas por su administración ni los cambios institucionales en materia de búsqueda de personas.
Uno de los puntos centrales del desacuerdo es la clasificación de las desapariciones. La presidenta insistió en que el comité no distingue entre desaparición forzada —cuando involucra directamente al Estado— y los casos relacionados con el crimen organizado. “No es lo mismo”, enfatizó.
El informe, por su parte, reconoce que no encontró evidencia de una política federal sistemática para cometer desapariciones forzadas, pero advierte sobre la magnitud del fenómeno y la posible participación o tolerancia de autoridades en distintos niveles, lo que ha alimentado el debate.
Sheinbaum rechazó que se pretenda equiparar la situación actual con prácticas del pasado, como las ocurridas durante la “guerra sucia”, y aseguró que hoy cualquier implicación de funcionarios en estos delitos es investigada y sancionada. Como ejemplo, mencionó casos recientes de servidores públicos procesados por desaparición forzada.
La mandataria también defendió que su gobierno ha impulsado reformas legales, fortalecido instituciones y mantenido contacto permanente con colectivos de búsqueda, acciones que —dijo— no fueron consideradas en el informe.
Además, el reporte plantea la necesidad de cooperación técnica y apoyo internacional para México en tareas de búsqueda e identificación forense. Aunque Sheinbaum afirmó que existe colaboración con agencias de Naciones Unidas, dejó claro su desacuerdo con la narrativa general del documento.
La controversia se intensifica ante la posibilidad de que el tema sea llevado a instancias internacionales, lo que el gobierno mexicano considera injustificado frente a los esfuerzos en curso.
Pese al desacuerdo, la presidenta reiteró su respaldo a las víctimas: “No negamos el problema, lo estamos atendiendo”, afirmó, al anunciar que se realizará una conferencia técnica para explicar, con sustento jurídico y académico, las razones del rechazo al informe.
