La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe detallado sobre las investigaciones en torno a un crematorio en Iguala, Guerrero, relacionado con nuevas líneas de indagatoria en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Esto ocurre luego de que padres de los normalistas ingresaran, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, al crematorio “El Ángel” y al Servicio Médico Forense (Semefo) en Iguala de la Independencia, como parte de las diligencias coordinadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Sheinbaum explicó que este sitio, una funeraria con crematorios que operaba de manera irregular, ya había sido mencionado en investigaciones previas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aunque en su momento no se profundizó. Sin embargo, nuevas indagatorias retomaron el caso y derivaron en acciones recientes.
“Es parte de las investigaciones que se han dado a partir de este nuevo esquema. No quiero dar más información para no interferir, pero sí se trata de un lugar que operaba de manera muy irregular”, señaló.
La mandataria detalló que los dueños de la funeraria ya se encuentran detenidos y que existe una investigación “muy profunda” en curso. Además, indicó que se realizará una búsqueda en el sitio como parte de las nuevas líneas de investigación, las cuales se desarrollaron a partir de análisis telefónicos rigurosos con base científica.
Asimismo, subrayó que ha solicitado que se informe directamente a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, y planteó que sea la propia FGR quien haga públicos los detalles del caso para no entorpecer las indagatorias.
En paralelo, la presidenta adelantó que su administración impulsa cambios legales para reforzar la regulación de funerarias y crematorios, actualmente bajo control estatal, así como mejorar los registros de personas no identificadas.
Entre las propuestas destaca el fortalecimiento de bases de datos con registros biométricos, de ADN y genéticos, con el objetivo de facilitar la identificación de cuerpos en fosas comunes y evitar irregularidades.
Sobre otros casos, como el de cuerpos sin identificar en panteones de Guerrero, la presidenta reconoció que es necesario fortalecer las fiscalías estatales para atender este tipo de situaciones.
El caso Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014, continúa abierto y con nuevas líneas de investigación que buscan esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos.
